CARA Y CRUZ DE LA EDUCACION

Este artículo se publicó en Rioja2.com el uno de diciembre de 2009. Mi intención era que la necesidad de firmar un pacto por la educación no desviara la mirada de la importancia de apoyar por encima de todo a la escuela pública y laica.

Escuchamos desde hace días, como si de un mantra se tratara, que es necesario firmar un gran pacto por la educación. Unos dicen que debe formalizarse entre los partidos políticos. Otros entienden que este pacto debe suscribirse entre gobierno central y gobiernos autonómicos que tienen transferida esta competencia. Otros abogan (el ministro entre otros), por un pacto que englobe a todos los agentes educativos incluyendo sindicatos y organizaciones profesionales, consejos escolares, asociaciones de padres y madres, de estudiantes y, por supuesto, grupos políticos insertos en el Parlamento. Pero claro, un pacto educativo en el que intervienen tantos actores y con intereses tan diversos es más bien la cuadratura del círculo, máxime cuando no existen por parte de casi ninguno objetivos generales, del bienestar general o del común de los ciudadanos, sino que cada uno busca satisfacer sus demandas o necesidades particulares, de poder, prestigio, dinero o status.

Conocedor el ministro Gabilondo de la vastedad de esta tarea de aunar voluntades en torno a un documento sobre el que estampar la firma, ha comenzado por lanzar, como si se tratara de una tormenta de ideas, algunas líneas, más vagas que concretas, sobre las que comenzar a elaborar ese documento. Por ejemplo, ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años y elevar el nivel de titulación obligatoria (ahí se encuentran algunas demandas en favor de disminuir la carga docente de la ESO y aumentar la del bachillerato), reformar la formación profesional elevando el nivel de sus exigencias hasta competir con los estudios universitarios, acabar con las reformas escolares y las leyes impulsadas en función del cambio de gobierno, y otras cuestiones que no son menores pero sí con menos impacto mediático, como reforzar la autoridad del maestro, dar una formación continua al profesorado desvinculándola de mejoras en el nivel retributivo, aumentar el grado de participación de las familias, elevar el gasto de la educación no universitaria por encima del gasto medio de la OCDE en relación al PIB, etc., etc.

Vale, un conjunto de buenos deseos alejados de la realidad del modelo educativo español, aún sujeto al pasado inmediato de la escuela nacional-católica basado en la segregación en función de la clase social, el género y la etnia, que distribuía a los niños en escuelas segregadas según fuera el nivel socioeconómico de las familias (en escuelas públicas o en centros religiosos –hoy concertados-), o según fueran niñas (en aulas distintas y separadas de los niños) y según fueran gitanos (hoy también los hijos de inmigrantes). El modelo educativo español tiene otras cosas que le separan aún más del conjunto de países europeos que los resultados que ofrece el Informe PISA, y es que con dinero público se financia la educación privada, elitista y religiosa (católica por supuesto). Por si esto fuera poco, dos tazas de caldo: la educación privada en España supone algo más del 30% del conjunto del sistema educativo, veinte puntos por encima de la media europea. Así, el resultado de esta situación especial si se quiere incrementar el gasto en educación y mejorar el sistema público educativo, es que a la vez hay que mejorar los resultados económicos de la segregacionista educación concertada.

Vaya dilema, si queremos ponernos a la altura de los países que mejor funcionan del mundo y donde los jóvenes salen mejor preparados para la vida, tendríamos que romper con el modelo segregacionista y retomar el modelo europeo de escuela pública y laica. Un modelo partidario de la educación para la ciudadanía y alejado del crucifico en las escuelas, como sentenció el tribunal de Estrasburgo el pasado tres de noviembre. Pero, según sentenció también el tribunal constitucional español, hay que garantizar la libertad de elección de centro de los padres, y para garantizar este derecho constitucional hay que financiar los centros privados y religiosos con dinero público que se detrae de la escuela pública y laica. Jesús, qué cruz.

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