TRABAJO DE CHINOS

Desde hace semanas vengo escuchando la misma cantinela en prensa, radio y televisión sobre el fracaso de la huelga general el 29 de septiembre, sobre el ambiente de desidia y desgana, de apatía y hasta decididamente contrario a la acción sindical. Los medios dicen reflejar lo que observan en la calle, pero lo cierto es que repiten consignas que les llegan desde los centros de poder político, financiero y empresarial, a la postre de sus dueños, amos y señores, que sin acuerdo previo han encontrado en la existencia de los sindicatos el chivo expiatorio a todos los males que aparentemente agobian a este país y sus ciudadanos.

Si escuchamos a los partidos políticos (exceptuando los partidos a la izquierda del gobierno), unos hablan de reforma laboral necesaria y otros añaden que insuficiente, y en todos anida la desregularización del trabajo. Más claros y expeditivos son los grupos financieros y las organizaciones empresariales, cuando señalan la rigidez del mercado laboral como el principal obstáculo para el crecimiento económico de sus rentas y cuentas de resultados y, por extensión, del conjunto del país.

Y esa rigidez la observan en la existencia de convenios sectoriales y colectivos, de acuerdo sindicales, de exigencias de los trabajadores, de cotizaciones a la Seguridad Social y, en definitiva, de todos los aspectos en los que se ven obligados a aceptar unas reglas del juego laboral, una regularización del empleo. Porque no les basta con que se les facilite el despido de trabajadores con empleo fijo a base de indemnizaciones que se amortizarán en muy poco tiempo con su sustitución por trabajadores más baratos, precisamente con la llegada de los que ahora se sostienen en la cuerda floja del empleo precario; y no les basta a pesar de haber situado a España en los puestos principales de este ranking estadístico de desempleo y precariedad, porque su verdadero y oscuro objeto del deseo es acabar con la intermediación en las relaciones laborales: ni gobierno (ni siquiera un jíbaro-gobierno), ni sindicatos.

Todo les iría mejor si las relaciones laborales se establecieran de manera directa y sin intermediaciones de ningún tipo, sin convenios colectivos, ni representantes de esos colectivos que vigilaran por sus derechos, que denunciaran los atropellos e impulsaran los beneficios sociales y la protección social. Qué bien les vendría la prohibición de la acción sindical o, para cumplir con la Constitución, la existencia de sindicatos amarillos controlados y sojuzgados, que abortaran la protesta de los trabajadores contra los abusos empresariales y les hicieran comulgar con recortes salariales que enjugaran el déficit estatal que habrían provocado con sus artes en ingeniería financiera. O que les convencieran para que aceptaran la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años con la promesa de una pensión de subsistencia (a veces ni eso), salvo que contrataran un seguro privado o un plan de pensiones en cualquiera de las entidades financieras propietarias de estos sindicatos amarillos.

A los que pertenecen a las clases sociales con rentas más altas de este país, qué bien le vendría acabar con los derechos laborales y sociales por los que lucharon generaciones de trabajadores en un movimiento sindical sin precedentes en la historia europea. Podríamos acabar como en China, cuyas tasas de crecimiento son de vértigo y donde los derechos de los trabajadores son un eufemismo. Por eso, para España también desean y se esfuerzan por un trabajo de chinos, pero sin chinos.

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