CUANDO EL RIO SUENA AGUA LLEVA

En un informe procedente del grupo mundial sobre migración, integrado por doce agencias de la ONU, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Migraciones, se denuncia la situación de los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular (Statement of the Global Migration Group on the Human Rights of Migrants in Irregular Situation). En su comunicado manifiesta la preocupación por el incumplimiento de tales derechos en numerosas ocasiones, con especial preocupación para la situación de los menores y de las mujeres. Insisten en  la importancia de que todos los Estados velen por el respeto de los derechos humanos, independientemente de la situación administrativa del migrante, evitando los abusos de autoridad que se producen desde los poderes públicos. Es decir, constatan que además del incumplimiento de respetar y aplicar los derechos humanos entre la población en situación administrativa irregular, se producen habitualmente abusos de autoridad

Por otra parte se ha  publicado el Informe (http://www.eurocities.eu/main.php) que la organización Eurocities ha elaborado sobre exclusión social y desigualdades en las ciudades europeas. Es un trabajo de investigación que sobre la base de más de veinte ciudades europeas, explora cuestiones como el desempleo, la pobreza y la exclusión digital, y donde se describen las medidas concretas que las ciudades están adoptando para responder a estos desafíos. En el Informe se recuerda que la pobreza y la exclusión social son fenómenos complejos, con diferentes dimensiones muy relacionadas entre si, en las que se combinan el desempleo, la mala calidad de la vivienda, las bajas cualificaciones de la persona, peores condiciones de salud y poca participación social, destacando como víctimas de esta situación a la población inmigrante. El Informe recuerda que las ciudades tienen por si solas poco control sobre estas situaciones y llama a una mayor coordinación entre las diferentes administraciones y sectores implicados. Es decir, coordinación entre las diferentes administraciones públicas; en nuestro caso entre la central, autonómica y local.

Continúo. La última semana de septiembre se celebraron en La Rioja las XXV Jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo, sobre “el impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas”,  de donde se han derivado unas interesantes conclusiones en las que se realiza un perfil sobre las personas que acuden a ellos (entre los que se encuentra la población inmigrante), el tipo de quejas y consultas que se realizan por éstas, así como un diagnóstico sobre las consecuencias sociales producto de la crisis. Entre otras conclusiones los Defensores del Pueblo señalan que “debe mantenerse el acceso de las personas inmigrantes a los derechos sociales y a todos los servicios públicos universales evitando todo brote de xenofobia y racismo”. Más claro agua, y entiendo que algunas  administraciones o autoridades públicas ponen en entredicho los derechos sociales o el acceso a los servicios públicos desde consideraciones como la vestimenta, residencia, irregularidad o desempleo.

Precisamente el desempleo entre la población inmigrante (en septiembre de 2010 ascendió a 573.210 personas: 181.630 eran comunitarios y 391.580 extracomunitarios, con un  incremento interanual y mensual de 71.892 y 4.351 personas), es muy superior a la de los autóctonos, tal y como muestra el Boletín Económico del Banco de España que publica un informe sobre la evolución del empleo y del paro a partir de los datos de la EPA del segundo trimestre de 2010. En este informe se destaca la estabilidad en el volumen de las entradas y salidas de la población inmigrante, en comparación con el notable descenso del flujo de entradas en 2009. En la población activa siguió el descenso de la población masculina, mientras que se mantuvo el de la femenina, estando la tasa de actividad de los extranjeros en más de diecinueve puntos por encima de la española (76,9 y 57,7 %). También la tasa de desempleo fue doce puntos superior entre la población trabajadora extranjera (30,2 y 18,2 % respectivamente).

Cifras e Informes que aunque suenan no hacen mucho ruido, pero nos señalan el peligro cierto, que la lasitud de los poderes públicos ante los mensajes racistas y xenófobos y su protagonismo en la conculcación de derechos humanos o sociales, entraña para la convivencia y la cohesión social de la ciudadanía democrática.

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ZÁPATAR EN EL PAIS DE LOS SONÁMBULOS

Hace unos días oía de un dirigente sindical que la política social y económica que está llevando a cabo el Gobierno no es la del programa electoral socialista, sino la propia de un gobierno del partido popular, y que su responsable no es Zapatero sino el avatar de Zapatero por el color azul que está tomando su gestión.  Así que aproveché la manifestación del 29-S para preguntar a otros durante su transcurso sobre la posibilidad de encontrarnos con un Zapatero abducido por las fuerzas neoconservadoras.

Algunos se inclinaban por la posibilidad de que en aquella primera reunión del G-20 en que Sarkozy invitó a España a sentarse como octava potencia mundial, en realidad había sido el momento en que las fuerzas del mal, con el gestor de fondos de capital riesgo George Soros de interlocutor, le hicieron la admonición de que si no cambiaba la política económica España acabaría como en el corralito argentino. Fue el momento en que un Zapatero de talante beatífico pensó con horror lo que supondría dejar a España a los pies de los caballos,  y decidió someterse en todas sus consecuencias a los dictados del FMI. De ahí arrancaría el cambio de políticas económicas y sociales, pero aunque parece plausible este cambio radical no me quedé contentó, y decidí averiguar lo sucedido participando en una sesión de espiritismo en la que se invocó al maestro, el psiquiatra y periodista especializado en temas de misterio y parapsicología, Fernando Jiménez del Oso. Han sido seis horas de revelación y desasosiego que trataré de sintetizar en pocas líneas. Los expertos que me acompañaron podrán ratificarlo, pero dudo que quieran atestiguar cuanto averiguamos sobre los cambios que se han observado, no sólo en España sino en otros países de la Unión Europea.

Mucho antes que Zapatero fuera invitado al G-20, creo que a comienzos del milenio, el populista y xenófobo Jörg Haider llegó al Gobierno austriaco. En Francia, Jacques Chirac veía perder electorado a manos del ultra Jean-Marie Le Pen y el crecimiento de los grupos racistas en Europa amenazaba a los partidos tradicionales (populares, liberales y socialdemócratas) que hasta entonces se habían turnado en el poder. Se imponía tomar medidas contra este resurgir del racismo y la xenofobia y, no está del todo claro, en una cumbre de jefes de estado se decidió plantar cara a esta amenaza, adoptando los mensajes en los que se envolvía, quitándole fuerza en las urnas. Fue así como en 2008 Berlusconi se permitió el lujo de declarar la emergencia gitana. Un proyecto por el que se asociaba delincuencia con inmigración, adoptando medidas contra unos 150.000 rumanos gitanos a los que se cerraba las fronteras, invalidando el Tratado de Schengen para la libre circulación de ciudadanos. En aquella ocasión no hubo reacción de Zapatero, o al menos no más allá de cuando le reía las gracias sobre su apuesta por la igualdad de género y el gobierno rosa que el montaría con velinas, coristas y escorts a las que, por cierto, presentó en las listas de su partido a las elecciones europeas. Hace unas semanas, el presidente Sarkozy desmanteló centenares de campamentos gitanos y expulsó a miles de rumanos y búlgaros de esa etnia cual alumno aventajado de Le Pen. Ante esta desfachatez, la comisaria de Justicia Viviane Reding no se cortó al recordar el genocidio nazi de medio millón de gitanos. Fue entonces cuando llegó el respaldo de Zapatero a su colega Sarkozy en el Consejo Europeo sumándose al gallinero de críticas a la comisaria Reding.

Los populares no hace falta decir que no sólo se habían solidarizado con el narciso gabacho, sino que habían empezado su peculiar campaña en las calles de Badalona por si podían ampliar su caudal de votos extremistas. Del trío de las Azores al trío Romaní, pero ¿qué decían los ciudadanos? ¿Había movimientos de airados contra la exclusión, el racismo y la xenofobia? ¡No!, había una princesa del pueblo que bien podía disputar la presidencia del gobierno, admirada, envidiada, atendida, escuchada y repetida por un país de sonámbulos.

Vagamente empecé a urdir tanto hilo suelto. No eran los dirigentes europeos quienes se sometían a los dictados del FMI o del Bundesbank, era un país de sonámbulos al que se le podía recortar el salario, congelar sus pensiones, ampliar su periodo de cotización si quería cobrarlas, someter al dictado de los empresarios y la dictadura de las entidades financieras, y al mismo tiempo podía gritar con fuerza ¡VIVAN LAS CAENAS!

TRABAJO DE CHINOS

Desde hace semanas vengo escuchando la misma cantinela en prensa, radio y televisión sobre el fracaso de la huelga general el 29 de septiembre, sobre el ambiente de desidia y desgana, de apatía y hasta decididamente contrario a la acción sindical. Los medios dicen reflejar lo que observan en la calle, pero lo cierto es que repiten consignas que les llegan desde los centros de poder político, financiero y empresarial, a la postre de sus dueños, amos y señores, que sin acuerdo previo han encontrado en la existencia de los sindicatos el chivo expiatorio a todos los males que aparentemente agobian a este país y sus ciudadanos.

Si escuchamos a los partidos políticos (exceptuando los partidos a la izquierda del gobierno), unos hablan de reforma laboral necesaria y otros añaden que insuficiente, y en todos anida la desregularización del trabajo. Más claros y expeditivos son los grupos financieros y las organizaciones empresariales, cuando señalan la rigidez del mercado laboral como el principal obstáculo para el crecimiento económico de sus rentas y cuentas de resultados y, por extensión, del conjunto del país.

Y esa rigidez la observan en la existencia de convenios sectoriales y colectivos, de acuerdo sindicales, de exigencias de los trabajadores, de cotizaciones a la Seguridad Social y, en definitiva, de todos los aspectos en los que se ven obligados a aceptar unas reglas del juego laboral, una regularización del empleo. Porque no les basta con que se les facilite el despido de trabajadores con empleo fijo a base de indemnizaciones que se amortizarán en muy poco tiempo con su sustitución por trabajadores más baratos, precisamente con la llegada de los que ahora se sostienen en la cuerda floja del empleo precario; y no les basta a pesar de haber situado a España en los puestos principales de este ranking estadístico de desempleo y precariedad, porque su verdadero y oscuro objeto del deseo es acabar con la intermediación en las relaciones laborales: ni gobierno (ni siquiera un jíbaro-gobierno), ni sindicatos.

Todo les iría mejor si las relaciones laborales se establecieran de manera directa y sin intermediaciones de ningún tipo, sin convenios colectivos, ni representantes de esos colectivos que vigilaran por sus derechos, que denunciaran los atropellos e impulsaran los beneficios sociales y la protección social. Qué bien les vendría la prohibición de la acción sindical o, para cumplir con la Constitución, la existencia de sindicatos amarillos controlados y sojuzgados, que abortaran la protesta de los trabajadores contra los abusos empresariales y les hicieran comulgar con recortes salariales que enjugaran el déficit estatal que habrían provocado con sus artes en ingeniería financiera. O que les convencieran para que aceptaran la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años con la promesa de una pensión de subsistencia (a veces ni eso), salvo que contrataran un seguro privado o un plan de pensiones en cualquiera de las entidades financieras propietarias de estos sindicatos amarillos.

A los que pertenecen a las clases sociales con rentas más altas de este país, qué bien le vendría acabar con los derechos laborales y sociales por los que lucharon generaciones de trabajadores en un movimiento sindical sin precedentes en la historia europea. Podríamos acabar como en China, cuyas tasas de crecimiento son de vértigo y donde los derechos de los trabajadores son un eufemismo. Por eso, para España también desean y se esfuerzan por un trabajo de chinos, pero sin chinos.

¡PODEMOS!

Podemos no es el grito de guerra mediático con el que se anima a la gente a participar del mundial de fútbol, sino la publicación gratuita para construir una verdadera soberanía popular en tiempos de crisis. Podemos vivir sin bancos, sin empresas multinacionales, sin dinero y sin clase política. Podemos, en definitiva, vivir sin capitalismo. El animador por antonomasia de Crisis? ¡Podemos! es Enric Durán (http://www.enricduran.cat/es/node/3313), que el miércoles tuvimos la suerte de tenerlo en Logroño, gracias al apoyo de la CGT en la Universidad de La Rioja-Grupo de Estudios Libertarios.

Para quienes no conozcan a Enric Durán no tienen más que teclear su nombre en Google y le aparecerán 287.000 resultados hablando del mismo, por lo que declino hacer ninguna glosa sobre su persona, tan solo citaré la acción por la que supimos de su existencia, el diecisiete de septiembre de 2008, cuando anunció que había estafado cerca de medio millón de euros a diferentes bancos y entidades financieras con el objetivo de denunciar el depredador sistema capitalista y de financiar movimientos sociales anticapitalistas. Y de movimiento social anticapitalista podría definirse la Cooperativa Integral de la que nos habló esa tarde.

La Cooperativa es un proyecto, desde hace dos meses en funcionamiento en Cataluña, que practica la autogestión económica y política con la participación igualitaria de sus miembros. Y es Integral porque junta todos los elementos básicos de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia y, al mismo tiempo, porque quiere integrar todos los sectores de actividad necesarios para vivir. El objetivo central es construir un entramado de relaciones económicas cooperativas y solidarias entre personas y empresas sociales, que salga de las reglas del mercado y que no sea controlado por el estado. Que sea un espacio para promocionar y hacer crecer productos ecológicos y locales, servicios realmente necesarios para nuestro día a día y nuevos proyectos de autoempleo vinculados a estas necesidades reales. A largo plazo puede convertirse en otra sociedad fuera del control capitalista, con su propio sistema de seguridad y previsión social, garante de las necesidades básicas de todos  en su trayectoria vital.

Más a corto plazo es una respuesta colectiva a la crisis del capitalismo, algo que ya se puede observar entre las redes y grupos locales participantes de la Cooperativa Integral en Cataluña, porque están reduciendo los gastos en euros ayudando a crecer las monedas sociales; porque han reducido el precio de los productos necesarios a través de compras colectivas; porque dan la opción de venta directa al productor; porque promueven el autoempleo digno e ilusionante a las personas que están en paro; porque dan una salida económica colectiva a todas las personas que han sido declaradas insolventes por la banca o el estado y porque dan una opción de ahorro comprometido a todas las personas.

Cooperativas Integrales y monedas sociales son instrumentos con los que se puede abrir una ventana hacia otra sociedad sin capitalismo y aunque en cada localidad, en cada territorio puedan tomar unas señas de identidad adecuadas a su realidad, lo cierto es que la extensión de los proyectos de autogestión permitirá avanzar hacia formas de existencia colectiva sin capitalismo. ¡Podemos!

OJO POR OJO

Imaginemos por un momento que aquellos que entienden que otro mundo es posible, hartos de la inoperancia de los organismos multinacionales, deciden actuar por su cuenta contra la política del estado de Israel asentada en la fuerza de las armas y la violencia contra el pueblo palestino, y específicamente en el boicot y cierre de la franja de Gaza donde se aprisiona a la población civil y no se permite la llegada de la ayuda internacional.

Si bien el estado de Israel ha encontrado en la conculcación de los derechos humanos y del derecho internacional su legitimidad (dada la normalidad con que es acogida esta política por los países y organismos internacionales que avalan su política de expansión y colonización), también buena parte de las organizaciones, asociaciones y grupos que conforman la sociedad civil europea deciden poner freno a estas políticas mediante el ejercicio de la ley mosaica del Talión, cuya expresión más famosa porque expresa la proporcionalidad entre el daño producido y el castigo recibido, es la de “ojo por ojo y diente por diente”, pero no en el plano militar que tanto gusta a la sociedad israelí (no se trata de ocupar territorios israelíes, encerrar tras un muro de hormigón a su población y con frecuencia bombardear y destruir sus infraestructuras, sus servicios, su economía y sus vidas), sino en el plano simbólico y pacífico del boicot.

El objetivo sería hacer reflexionar a la sociedad civil con gestos simbólicos hasta que esta obligara a sus gobiernos a cambiar de política. Los antecedentes hay que buscarlos en el boicot realizado contra el apartheid sudafricano que si bien fue iniciado por personas y grupos independientes al final se convirtió en un boicot total que obligó a Sudáfrica a cambiar de política (el resto, desde Mandela hasta el Mundial de Futbol de estos días ya lo conocemos). Uno de estos actos simbólicos lo hemos observado en la exclusión de la carroza de Tel Aviv del desfile que el día internacional del Orgullo LGTB (lesbiana, gay, bisexual y trans), se celebrará en Madrid el 3 de julio, a causa del asalto del ejército israelí a la flotilla solidaria que intentó llevar a Gaza ayuda humanitaria y que acabó con la vida de nueve de sus integrantes así como con numerosos heridos. No lo han entendido así ni la organización gay israelí ni la derecha española que sacaron a relucir como crítica a esta decisión de boicot, la homofobia en países musulmanes.

La semana pasada, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid impidieron el Encuentro de energías renovables y cleantech hispano-israelí, donde el embajador de Israel Raphael Schutz tenía la intención de establecer relaciones comerciales-empresariales entre ambos países. Este lunes leíamos en la prensa que integrantes del movimiento “Rompamos el silencio” habían boicoteado las jornadas de la red Innova en un hotel de Madrid por la participación de la Cámara de Comercio España-Israel y la Casa Sefarad-Israel.

Seguidores de la competición europea de baloncesto se preparan para boicotear al Maccavi de Tel Aviv del mismo modo que ocurre en otras competiciones deportivas europeas donde la presencia de un equipo israelí está presente. En esta línea, algunos organizadores y promotores de eventos musicales, cinematográficos, televisivos, literarios, artísticos y culturales están pensando en excluir a los judíos salvo que den muestras de repudio hacia la política militar de ocupación de los territorios palestinos como ocurre en el caso del maestro Daniel Barenboim, el primer ciudadano del mundo con ciudadanía israelí y palestina.

Todos esos gestos simbólicos han llevado a una mayor concienciación de la sociedad europea y aunque en la israelí algo se ha empezado a mover, todavía triunfa la idea de pueblo perseguido por cristianos, musulmanes, gentiles y paganos. Por esto hacía falta una vuelta de tuerca más y esta ha llegado de aquello que sustenta y da alas al sionismo: el dinero. Primero de forma tímida se dejaron de comprar algunos productos Carmel de importación israelí (como mangos y melones), pero luego con fuerza se ha destacado desde el 2002 la campaña del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (http://www.nodo50.org/csca) para la identificación y boicot a los productos y empresas israelíes en el Estado español y empresas españolas que comercian en Israel, dando lugar a que amplios sectores de la sociedad israelí perciban que la ocupación de Palestina y el boicot a la franja de Gaza no es ignorada ni vista con indiferencia por la sociedad civil española, y que no serán tratados con normalidad mientras esta perdure. A nivel europeo se ha comenzado a discriminar aquellos productos en los que bajo su código de barras aparece el número setecientos veintinueve (729) que indica que este artículo ha pasado por Israel en algún momento del proceso de producción o distribución; y todo parece indicar que, como señala la ley del Talión del ojo por ojo, la sociedad israelí no quiere vivir en la ceguera.

MOVILIZACIÓN

Creo que a nadie se le escapa que la crisis económica en la que estamos sumidos los españoles y buena parte del planeta tiene su origen en las malas prácticas del capitalismo financiero y especulador, que aprovechó la falta de principios éticos para crear burbujas de aire y venderlas como riqueza; en la entronización de los valores propios del depredador (de hombres y naturaleza); en la ideología neoliberal que desde los tiempos de Margaret Thatcher preconizaba la reducción del Estado hasta su práctica desaparición (aunque manteniendo los elementos de control interno como la policía y el ejército) y, finalmente, en el sometimiento de los gobiernos a las directrices que enviaban los grandes organismos económicos mundiales, como la ya manida reducción del déficit público hasta el 3% del PIB mediante el rigor presupuestario.

Y nadie desconoce que las medidas que han tomado los gobiernos se han fijado en primer lugar en la masa cautiva de asalariados y pensionistas dependientes de esos presupuestos; es decir, la reducción del déficit ha comenzado por el recorte de los salarios y pensiones de funcionarios y pensionistas, antes que por la exigencia de responsabilidades a quienes promovieron este déficit. Otros recortes seguirán a este primer paquete pero sobre todo se envía el mensaje a la sociedad de que todos debemos pagar los excesos de unos pocos (esto lo arreglamos entre todos).

Hay una vaga promesa de, en el futuro, meter mano o regular un poquito a las grandes corporaciones financieras, armamentísticas o farmacéuticas, pero sin pasarse, pues cuentan con aliados globales y controlan los mercados de valores; así que ¡ojo!, que ellos siempre apuestan por caballo ganador aunque muera reventado tras la carrera.

En estas estamos cuando acabo de recibir dos comunicados, uno del gerente donde me avisa que mi salario base mileurista se reduce desde este mes un 9,72%, y  los complementos e incentivos de productividad que hace años nos presentaron como el medio para recuperar algo de nuestro maltrecho poder adquisitivo tras la congelación de salarios de los populares señores Aznar y Rato, hasta un 5%. El otro comunicado recibido, más bien los otros comunicados, son los de las centrales sindicales que me instan, no a la movilización, sino a participar en una huelga de 24 horas el ocho de junio.

He leído que con el recorte salarial a los trabajadores de la Universidad de La Rioja el déficit de la misma descenderá en aproximadamente 1.600.000 euros, a los que habría que sumar la aportación extraordinaria de las 24 horas de esta huelga convencional. Y esto me hace pensar que si declaramos huelga, no un solo día sino una semana (o lo que estime oportuno el gerente), por ejemplo aprovechando las fiestas locales de San Bernabé y el día de La Rioja en que no hay clases, podríamos finiquitar la deuda casi en su totalidad.

Porque se trata de eso, de ayudar al país, cada uno en la medida de sus posibilidades ¿no es así? Por ejemplo, los componentes del Gobierno de La Rioja se van a recortar sus salarios un 10% y van a tener que malvivir con apenas siete u ocho mil euros mensuales (menos mal que los gastos de protocolo no se los rebajan), y además dice el Presidente que los asesores colocados a dedo con cargo al erario público no son el centenar que dice el jefe de la oposición (algunos se han colocado por méritos propios y por eso no se cuentan). Aquí unos pocos arrimamos el hombro para enjugar el déficit, cada uno con sus medios; unos mediante la huelga convencional de 24 horas y otros mediante gestos simbólicos y cara a la galería, y siempre para al sostenimiento del status quo, para el sostenimiento de un sistema que no va a cambiar su modo de obrar.

Pero claro, si los millones de parados despiertan, si los millones de extranjeros se rebelan contra su exclusión y si la ciudadanía da un paso adelante se podría realizar, no una huelga de 24 horas sino una huelga general contra esta política y estos políticos, contra este sistema y las corporaciones que lo alimentan, contra la corrupción y a favor de la democracia. Y entonces, y sólo entonces, hablaríamos de movilización de todos, entre todos y para todos.

OTRA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ES POSIBLE

A pesar que nadie se cree que la situación del déficit de las cuentas públicas tiene su origen en el desarrollo del Estado del Bienestar, es decir, en la consolidación de los derechos de educación, salud, pensiones y autonomía personal, todo parece indicar que el ajuste presupuestario impuesto por los grandes organismos económicos mundiales camina en el sentido de restar y adelgazar la expansión y el desarrollo de esos derechos.

España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB antes de 2013. Eso va a obligar al Gobierno a recortar 15.000 millones en gastos en dos años. La solución vendría de una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, de modo que la brecha abierta y cada día más grande entre la ciudadanía y unos pocos, la terrible desigualdad existente entre los más ricos y la generalidad, se amortiguara levemente. Sin embargo, hay una justificación para no poner en marcha o dilatar esta reforma fiscal que acabe con tanta injusticia económica, y es que los efectos sobre la deuda pública no tendrían efecto hasta 2012 mientras que las exigencias del mercado señalan reducciones drásticas desde ahora mismo.

Sabemos que el origen de la deuda pública ha sido generada por la estafa y el saqueo de las arcas públicas cometido por las grandes corporaciones financieras, farmacéuticas y armamentísticas y, sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno parecen ir en la dirección contraria al ajuste de cuentas con estos delincuentes, reduciendo los servicios y precarizando la vida de la ciudadanía, principalmente jubilados y funcionarios. La medida de ajuste más impactante, dado el incumplimiento del Pacto de Toledo, ha sido la congelación de las pensiones en 2011, sin menoscabo de la reducción de un 5% en el salario que perciben los empleados públicos o el recorte de la inversión pública.

Como no creo que estas medidas de ajuste sean las únicas que se pueden tomar en este momento, he ido buscando y encontrando algunas de aplicación más sencilla y con más garantía social. Son medidas que promueven profesores de Economía (Público.es de 16 de mayo) que han reflexionado sobre cómo realizar la reducción del déficit sin afectar a la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de los derechos sociales. Piensan que todos los recortes del gasto público son en realidad recortes al PIB y un modo de prolongar la recesión, por lo que se debería destinar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob),  dotado en 2009 con 6.750 millones para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria, y destinarlo a inversión pública. Tan sólo algunas cajas han demandado algo de este Fondo, pero los grandes bancos como el Santander (2.215 millones de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 5,7% más que el año pasado) o el BBVA (1.240 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 0,2% más que el año pasado), no parecen necesitar de este Fondo que hay que dotar con nuevas emisiones de deuda pública hasta llegar a los 90.000 millones previstos. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas (privatización de los beneficios) y sus pérdidas socializadas/estatalizadas.

Otra corporación dedicada a saquear el arca pública, la armamentística, basada en el mantenimiento de la guerra como negocio mediante la ocupación de países, puede ahora contribuir a reducir el déficit a partir de la retirada de las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones), así como recortando los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este mismo año. Hay quien sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para veinticuatro helicópteros de combate Tigre.

El recorte a la poderosa corporación farmacéutica (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis, ha sido bien visto por todos, aunque después del bluff de la compra masiva de vacunas para la gripe A y la disposición de esta corporación a propagar a través de la OMS el temor a la enfermedad global, le permite afrontar con tranquilidad estas medidas contractuales y en el futuro encontrar otros medios para utilizar los medicamentos como productos generadores de inmensos beneficios. Otro recorte que ha sido bien recibido, salvo por la demagogia popular, ha sido la supresión del cheque-bebé, que asignaba injustamente la misma ayuda a cualquier nivel de renta, aunque habrá que buscar incentivos a la natalidad que tengan en cuenta las desigualdades.

Otras medidas de ajuste podrían realizarse de inmediato como la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones. Quizás entonces el señor Fabra y su mujer no habrían tenido tanta suerte y tantos premios en tan poco tiempo (en 2008 ganó dos millones de euros con el premio Gordo de la Lotería del Niño). Por supuesto, la supresión de cargos de libre designación y asesores que los políticos designan a dedo para colocación de amigos, familiares y políticos en situación de paro (hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 sin impacto laboral). El cálculo dice que si el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, la supresión supondría un ahorro de 1.120 millones al año, sin contar el ahorro en comidas, viajes y demás actos protocolarios.

Pero hay una manera de ahorrar más de 250 millones al año que no exige subir impuestos ni eliminar ningún servicio ni prestación, y es la supresión de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Incluso es posible que en estos momentos el Estado deje de ingresar casi mil millones de euros por desembolsos fiscales no realizados, dado el acuerdo del Estado español con el Vaticano porque el que se exime de tributar el IVA a la iglesia católica. No es de recibo que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio estén financiadas por el Estado, sino financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

Estas y las otras medidas señaladas nos hacen pensar que otra reducción del déficit de las cuentas públicas es posible, y que el mantenimiento de los derechos sociales y la inversión también son posibles.