CUANDO EL RIO SUENA AGUA LLEVA

En un informe procedente del grupo mundial sobre migración, integrado por doce agencias de la ONU, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Migraciones, se denuncia la situación de los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular (Statement of the Global Migration Group on the Human Rights of Migrants in Irregular Situation). En su comunicado manifiesta la preocupación por el incumplimiento de tales derechos en numerosas ocasiones, con especial preocupación para la situación de los menores y de las mujeres. Insisten en  la importancia de que todos los Estados velen por el respeto de los derechos humanos, independientemente de la situación administrativa del migrante, evitando los abusos de autoridad que se producen desde los poderes públicos. Es decir, constatan que además del incumplimiento de respetar y aplicar los derechos humanos entre la población en situación administrativa irregular, se producen habitualmente abusos de autoridad

Por otra parte se ha  publicado el Informe (http://www.eurocities.eu/main.php) que la organización Eurocities ha elaborado sobre exclusión social y desigualdades en las ciudades europeas. Es un trabajo de investigación que sobre la base de más de veinte ciudades europeas, explora cuestiones como el desempleo, la pobreza y la exclusión digital, y donde se describen las medidas concretas que las ciudades están adoptando para responder a estos desafíos. En el Informe se recuerda que la pobreza y la exclusión social son fenómenos complejos, con diferentes dimensiones muy relacionadas entre si, en las que se combinan el desempleo, la mala calidad de la vivienda, las bajas cualificaciones de la persona, peores condiciones de salud y poca participación social, destacando como víctimas de esta situación a la población inmigrante. El Informe recuerda que las ciudades tienen por si solas poco control sobre estas situaciones y llama a una mayor coordinación entre las diferentes administraciones y sectores implicados. Es decir, coordinación entre las diferentes administraciones públicas; en nuestro caso entre la central, autonómica y local.

Continúo. La última semana de septiembre se celebraron en La Rioja las XXV Jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo, sobre “el impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas”,  de donde se han derivado unas interesantes conclusiones en las que se realiza un perfil sobre las personas que acuden a ellos (entre los que se encuentra la población inmigrante), el tipo de quejas y consultas que se realizan por éstas, así como un diagnóstico sobre las consecuencias sociales producto de la crisis. Entre otras conclusiones los Defensores del Pueblo señalan que “debe mantenerse el acceso de las personas inmigrantes a los derechos sociales y a todos los servicios públicos universales evitando todo brote de xenofobia y racismo”. Más claro agua, y entiendo que algunas  administraciones o autoridades públicas ponen en entredicho los derechos sociales o el acceso a los servicios públicos desde consideraciones como la vestimenta, residencia, irregularidad o desempleo.

Precisamente el desempleo entre la población inmigrante (en septiembre de 2010 ascendió a 573.210 personas: 181.630 eran comunitarios y 391.580 extracomunitarios, con un  incremento interanual y mensual de 71.892 y 4.351 personas), es muy superior a la de los autóctonos, tal y como muestra el Boletín Económico del Banco de España que publica un informe sobre la evolución del empleo y del paro a partir de los datos de la EPA del segundo trimestre de 2010. En este informe se destaca la estabilidad en el volumen de las entradas y salidas de la población inmigrante, en comparación con el notable descenso del flujo de entradas en 2009. En la población activa siguió el descenso de la población masculina, mientras que se mantuvo el de la femenina, estando la tasa de actividad de los extranjeros en más de diecinueve puntos por encima de la española (76,9 y 57,7 %). También la tasa de desempleo fue doce puntos superior entre la población trabajadora extranjera (30,2 y 18,2 % respectivamente).

Cifras e Informes que aunque suenan no hacen mucho ruido, pero nos señalan el peligro cierto, que la lasitud de los poderes públicos ante los mensajes racistas y xenófobos y su protagonismo en la conculcación de derechos humanos o sociales, entraña para la convivencia y la cohesión social de la ciudadanía democrática.

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