EL RECELO DEL POLITICO

Desde hace unas semanas estamos asistiendo a la puesta en escena con la que los partidos políticos nos regalan cada cuatro años, siempre en vísperas de elecciones cuando tienen que revalidar la confianza en su gestión. En esta ocasión gracias a la modificación de la ley electoral no vamos a soportar la interminable lista de inauguraciones, cortes de cinta y recorridos por obras e instalaciones incluso sin finalizar, como ya ocurrió la semana pasada en Logroño cuando se declaró el día de visitas sin casco, tal y como ocurrió en el CCR (Centro de Cultura del Rioja), ese monumento pretencioso a base de hormigón y plástico, pero ojo, que respeta cuatro piedras pegadas al hormigón que para eso está enclavado en la parte vieja de la ciudad. Aquí no van a alicatar con plaquitas que simulan la piedra el hormigón, como ya se experimentó en ese paño de muralla kitsch del Cubo del Revellín.

Están muy inquietos los partidos políticos porque no se encuentran ni satisfechos ni convencidos de haber cumplido las expectativas de la ciudadanía, porque durante mucho tiempo se alejaron y pusieron distancia en el devenir cotidiano de la gente. Por eso, ahora quieren hacerse perdonar el olvido permanente notificando con gran estruendo la apertura de edificios, pese a que no tienen ningún uso ni prestan ningún servicio, aunque lo presentan como una promesa de futuro para la ciudadanía.

Los partidos políticos, mejor dicho la clase política que gobierna, quiere hacerse perdonar y ofrecen estos regalos de última hora para que olvidemos su total desprecio por los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos en el día a día, y que nada tiene que ver con sus magníficas construcciones ni con sus promesas incumplidas sobre empleo, vivienda, transporte, salud, educación, cultura, integración y cohesión. Se tomaron el ejercicio de la política como los negocios, donde lo importante son la cifras, los números y los euros.

Los euros, ay los euros! qué bien que nos vienen a todos, más a quien no responde por su gestión dolosa y criminal, más a quien sabe que no le pesará como una hipoteca porque para eso está la ciudadanía, para pagar el déficit y el saqueo de las arcas públicas. Bueno, habría que decir el maleteo porque ahora roban los euros con maletines no con sacos. Tú me prorrogas esta concesión de autopista y yo te hago un hombre. Tú me das esta contrata y yo te jubilo. Tú me recalificas este terreno y yo te hago de la familia. Tú me votas y yo te atiendo en el despacho.

Qué felicidad esto del manejo de los euros ajenos gastándolos en protocolo, vehículos de alta gama, publicidad y autobombo en revistas de papel couché. Pero ahora, cuando llegan las elecciones y nos piden el voto, qué miedos y qué recelos, porque saben que de modo tozudo las encuestas del CIS señalan a los partidos políticos (la clase política, la casta gobernante, no el militante desconocido) como el tercer principal problema de los españoles, por detrás de la economía y el paro. Y este es un dato que lleva mucho tiempo repitiéndose, marcando una tendencia de desapego de la ciudadanía hacia las cosas que dicen estos políticos profesionales, aunque no de las que hacen que aún hay memoria, lo cual invita a pensar que más pronto que tarde serán las organizaciones sociales y las asociaciones ciudadanas quienes tomen el lugar de estos políticos para dirigir sus propios destinos, participando directamente en la administración de la vida pública, sin la intervención de tan problemáticos y recelosos intermediarios.

 

CUANDO EL RIO SUENA AGUA LLEVA

En un informe procedente del grupo mundial sobre migración, integrado por doce agencias de la ONU, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Migraciones, se denuncia la situación de los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular (Statement of the Global Migration Group on the Human Rights of Migrants in Irregular Situation). En su comunicado manifiesta la preocupación por el incumplimiento de tales derechos en numerosas ocasiones, con especial preocupación para la situación de los menores y de las mujeres. Insisten en  la importancia de que todos los Estados velen por el respeto de los derechos humanos, independientemente de la situación administrativa del migrante, evitando los abusos de autoridad que se producen desde los poderes públicos. Es decir, constatan que además del incumplimiento de respetar y aplicar los derechos humanos entre la población en situación administrativa irregular, se producen habitualmente abusos de autoridad

Por otra parte se ha  publicado el Informe (http://www.eurocities.eu/main.php) que la organización Eurocities ha elaborado sobre exclusión social y desigualdades en las ciudades europeas. Es un trabajo de investigación que sobre la base de más de veinte ciudades europeas, explora cuestiones como el desempleo, la pobreza y la exclusión digital, y donde se describen las medidas concretas que las ciudades están adoptando para responder a estos desafíos. En el Informe se recuerda que la pobreza y la exclusión social son fenómenos complejos, con diferentes dimensiones muy relacionadas entre si, en las que se combinan el desempleo, la mala calidad de la vivienda, las bajas cualificaciones de la persona, peores condiciones de salud y poca participación social, destacando como víctimas de esta situación a la población inmigrante. El Informe recuerda que las ciudades tienen por si solas poco control sobre estas situaciones y llama a una mayor coordinación entre las diferentes administraciones y sectores implicados. Es decir, coordinación entre las diferentes administraciones públicas; en nuestro caso entre la central, autonómica y local.

Continúo. La última semana de septiembre se celebraron en La Rioja las XXV Jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo, sobre “el impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas”,  de donde se han derivado unas interesantes conclusiones en las que se realiza un perfil sobre las personas que acuden a ellos (entre los que se encuentra la población inmigrante), el tipo de quejas y consultas que se realizan por éstas, así como un diagnóstico sobre las consecuencias sociales producto de la crisis. Entre otras conclusiones los Defensores del Pueblo señalan que “debe mantenerse el acceso de las personas inmigrantes a los derechos sociales y a todos los servicios públicos universales evitando todo brote de xenofobia y racismo”. Más claro agua, y entiendo que algunas  administraciones o autoridades públicas ponen en entredicho los derechos sociales o el acceso a los servicios públicos desde consideraciones como la vestimenta, residencia, irregularidad o desempleo.

Precisamente el desempleo entre la población inmigrante (en septiembre de 2010 ascendió a 573.210 personas: 181.630 eran comunitarios y 391.580 extracomunitarios, con un  incremento interanual y mensual de 71.892 y 4.351 personas), es muy superior a la de los autóctonos, tal y como muestra el Boletín Económico del Banco de España que publica un informe sobre la evolución del empleo y del paro a partir de los datos de la EPA del segundo trimestre de 2010. En este informe se destaca la estabilidad en el volumen de las entradas y salidas de la población inmigrante, en comparación con el notable descenso del flujo de entradas en 2009. En la población activa siguió el descenso de la población masculina, mientras que se mantuvo el de la femenina, estando la tasa de actividad de los extranjeros en más de diecinueve puntos por encima de la española (76,9 y 57,7 %). También la tasa de desempleo fue doce puntos superior entre la población trabajadora extranjera (30,2 y 18,2 % respectivamente).

Cifras e Informes que aunque suenan no hacen mucho ruido, pero nos señalan el peligro cierto, que la lasitud de los poderes públicos ante los mensajes racistas y xenófobos y su protagonismo en la conculcación de derechos humanos o sociales, entraña para la convivencia y la cohesión social de la ciudadanía democrática.

TRABAJO DE CHINOS

Desde hace semanas vengo escuchando la misma cantinela en prensa, radio y televisión sobre el fracaso de la huelga general el 29 de septiembre, sobre el ambiente de desidia y desgana, de apatía y hasta decididamente contrario a la acción sindical. Los medios dicen reflejar lo que observan en la calle, pero lo cierto es que repiten consignas que les llegan desde los centros de poder político, financiero y empresarial, a la postre de sus dueños, amos y señores, que sin acuerdo previo han encontrado en la existencia de los sindicatos el chivo expiatorio a todos los males que aparentemente agobian a este país y sus ciudadanos.

Si escuchamos a los partidos políticos (exceptuando los partidos a la izquierda del gobierno), unos hablan de reforma laboral necesaria y otros añaden que insuficiente, y en todos anida la desregularización del trabajo. Más claros y expeditivos son los grupos financieros y las organizaciones empresariales, cuando señalan la rigidez del mercado laboral como el principal obstáculo para el crecimiento económico de sus rentas y cuentas de resultados y, por extensión, del conjunto del país.

Y esa rigidez la observan en la existencia de convenios sectoriales y colectivos, de acuerdo sindicales, de exigencias de los trabajadores, de cotizaciones a la Seguridad Social y, en definitiva, de todos los aspectos en los que se ven obligados a aceptar unas reglas del juego laboral, una regularización del empleo. Porque no les basta con que se les facilite el despido de trabajadores con empleo fijo a base de indemnizaciones que se amortizarán en muy poco tiempo con su sustitución por trabajadores más baratos, precisamente con la llegada de los que ahora se sostienen en la cuerda floja del empleo precario; y no les basta a pesar de haber situado a España en los puestos principales de este ranking estadístico de desempleo y precariedad, porque su verdadero y oscuro objeto del deseo es acabar con la intermediación en las relaciones laborales: ni gobierno (ni siquiera un jíbaro-gobierno), ni sindicatos.

Todo les iría mejor si las relaciones laborales se establecieran de manera directa y sin intermediaciones de ningún tipo, sin convenios colectivos, ni representantes de esos colectivos que vigilaran por sus derechos, que denunciaran los atropellos e impulsaran los beneficios sociales y la protección social. Qué bien les vendría la prohibición de la acción sindical o, para cumplir con la Constitución, la existencia de sindicatos amarillos controlados y sojuzgados, que abortaran la protesta de los trabajadores contra los abusos empresariales y les hicieran comulgar con recortes salariales que enjugaran el déficit estatal que habrían provocado con sus artes en ingeniería financiera. O que les convencieran para que aceptaran la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años con la promesa de una pensión de subsistencia (a veces ni eso), salvo que contrataran un seguro privado o un plan de pensiones en cualquiera de las entidades financieras propietarias de estos sindicatos amarillos.

A los que pertenecen a las clases sociales con rentas más altas de este país, qué bien le vendría acabar con los derechos laborales y sociales por los que lucharon generaciones de trabajadores en un movimiento sindical sin precedentes en la historia europea. Podríamos acabar como en China, cuyas tasas de crecimiento son de vértigo y donde los derechos de los trabajadores son un eufemismo. Por eso, para España también desean y se esfuerzan por un trabajo de chinos, pero sin chinos.

NO FUTURO

Ayer, víspera sanjuanera, temprano, me han sacado de la cama unas llamadas telefónicas inquiriendo por mi opinión acerca del bajón en los indicadores de natalidad el pasado 2009. Como además de dormido, un virus maligno me ha dejado temporalmente sin acceso a la información con la que parecían haberse sobresaltado los medios (TV y radio), he tenido que recurrir al bar próximo donde un café humeante y la prensa me han puesto sobre aviso.

Todo parece que tras unos años de leve crecimiento de la natalidad y de los índices de fecundidad (centésimas), la tendencia apuntaba hacia lo que ocurre en los países del norte de Europa donde se da un cierto equilibrio en la población que permite el relevo generacional; y aunque lejos aún, España, con el apoyo inesperado de las mujeres extranjeras y unas expectativas de seguridad laboral y crecimiento económico, podía augurar un futuro en el que aun sin alcanzar las cotas piramidales del baby-boom, o las propias del relevo generacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil), sí caminaba hacia una sociedad más equilibrada en su pirámide o, mejor dicho, en su polígono demográfico.

Hoy, sin embargo, el brusco descenso de la natalidad ha disparado todas las alarmas mediáticas, pues es cierto que con el increíble y maravilloso aumento de las expectativas de esperanza media de vida, podría ocurrir que una de cada tres personas y no una de cada cuatro como sucede en la actualidad, podría ser mayor de sesenta y cinco años, lo cual desequilibraría las bases sobre las que se asienta nuestro Estado del Bienestar. Un desequilibrio agudizado por el hecho de que no toda la población potencialmente activa trabaja (ahora mismo dos de cada cuatro mujeres y tres de cada cuatro hombres), lo cual podría provocar que cada activo soportase a un no-activo (mayores de sesenta y cinco y menores de dieciséis años), algo difícil de sostener en una sociedad expansiva en servicios.

Las causas de este descenso de la natalidad en 2009 son tanto coyunturales (2008 fue el año en que se declaró oficialmente la crisis  y también el año en que se gestaron o se podían haber gestado los nacimientos del 2009), como estructurales (las mujeres españolas no proyectan el nacimiento de su primer hijo hasta que no tienen cierta seguridad –afectiva, laboral y de vivienda-, y por lo tanto dilatan esta decisión hasta los últimos años de su periodo fértil; por su parte las mujeres extranjeras tienden a integrarse en la sociedad de acogida y por tanto convergen con las mujeres autóctonas en sus expectativas).

Así pues, el descenso estaba cantado, pues el leve crecimiento sostenido en los últimos años sólo se podía apuntalar con una política decididamente familista, y eso en este país ni ha ocurrido ni va a ocurrir hasta que posiblemente nos encontremos en un nuevo ciclo de crecimiento económico y se tome en consideración una política que estimule la natalidad y el sostenimiento de la población.

A veces se aduce que las mujeres españolas al incorporarse al mercado laboral han subordinado las expectativas de maternidad a su carrera profesional. Y es cierto, pero puntualizando, pues las mujeres que trabajan son poco más de la mitad de la población activa femenina, todo lo contrario de lo que ocurre en los países nórdicos donde trabajan tantas o más que hombres y, sin embargo, tienen índices de fecundidad hasta cuatro y cinco décimas supriores a los de las españolas. Qué ocurre?, pues que sus empleos son buenos y seguros, es decir, son de calidad y ofrecen reconocimiento y fijeza. Ocurre también que reciben el apoyo de sus parejas, las cuales se corresponsabilizan en el cuidado, crianza y educación de sus hijos (algo que aún no conocemos los españoles mas que en el cine). Ocurre que la administración y las empresas apoyan la conciliación familiar mediante toda clase de servicios para la guarda, crianza y educación de los hijos, mediante horarios laborales flexibles adaptados a las necesidades de los padres, remunerando el tiempo ocupado con los hijos y guardando el empleo para cuando los padres se reintegran al trabajo. En fin, una serie de medidas ajenas a la política y la sociedad española, que aún sigue depositando en la mujer todas las expectativas de sostenimiento generacional.

El No Futuro surgió cuando grupos de jóvenes vieron que su futuro era negro, faltaba el empleo, la vivienda y las oportunidades, rebelándose contra todo lo establecido. En España, parece que son las mujeres quienes han dicho basta y se han vuelto punkies proclamando el No Futuro.

OTRA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ES POSIBLE

A pesar que nadie se cree que la situación del déficit de las cuentas públicas tiene su origen en el desarrollo del Estado del Bienestar, es decir, en la consolidación de los derechos de educación, salud, pensiones y autonomía personal, todo parece indicar que el ajuste presupuestario impuesto por los grandes organismos económicos mundiales camina en el sentido de restar y adelgazar la expansión y el desarrollo de esos derechos.

España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB antes de 2013. Eso va a obligar al Gobierno a recortar 15.000 millones en gastos en dos años. La solución vendría de una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, de modo que la brecha abierta y cada día más grande entre la ciudadanía y unos pocos, la terrible desigualdad existente entre los más ricos y la generalidad, se amortiguara levemente. Sin embargo, hay una justificación para no poner en marcha o dilatar esta reforma fiscal que acabe con tanta injusticia económica, y es que los efectos sobre la deuda pública no tendrían efecto hasta 2012 mientras que las exigencias del mercado señalan reducciones drásticas desde ahora mismo.

Sabemos que el origen de la deuda pública ha sido generada por la estafa y el saqueo de las arcas públicas cometido por las grandes corporaciones financieras, farmacéuticas y armamentísticas y, sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno parecen ir en la dirección contraria al ajuste de cuentas con estos delincuentes, reduciendo los servicios y precarizando la vida de la ciudadanía, principalmente jubilados y funcionarios. La medida de ajuste más impactante, dado el incumplimiento del Pacto de Toledo, ha sido la congelación de las pensiones en 2011, sin menoscabo de la reducción de un 5% en el salario que perciben los empleados públicos o el recorte de la inversión pública.

Como no creo que estas medidas de ajuste sean las únicas que se pueden tomar en este momento, he ido buscando y encontrando algunas de aplicación más sencilla y con más garantía social. Son medidas que promueven profesores de Economía (Público.es de 16 de mayo) que han reflexionado sobre cómo realizar la reducción del déficit sin afectar a la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de los derechos sociales. Piensan que todos los recortes del gasto público son en realidad recortes al PIB y un modo de prolongar la recesión, por lo que se debería destinar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob),  dotado en 2009 con 6.750 millones para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria, y destinarlo a inversión pública. Tan sólo algunas cajas han demandado algo de este Fondo, pero los grandes bancos como el Santander (2.215 millones de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 5,7% más que el año pasado) o el BBVA (1.240 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 0,2% más que el año pasado), no parecen necesitar de este Fondo que hay que dotar con nuevas emisiones de deuda pública hasta llegar a los 90.000 millones previstos. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas (privatización de los beneficios) y sus pérdidas socializadas/estatalizadas.

Otra corporación dedicada a saquear el arca pública, la armamentística, basada en el mantenimiento de la guerra como negocio mediante la ocupación de países, puede ahora contribuir a reducir el déficit a partir de la retirada de las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones), así como recortando los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este mismo año. Hay quien sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para veinticuatro helicópteros de combate Tigre.

El recorte a la poderosa corporación farmacéutica (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis, ha sido bien visto por todos, aunque después del bluff de la compra masiva de vacunas para la gripe A y la disposición de esta corporación a propagar a través de la OMS el temor a la enfermedad global, le permite afrontar con tranquilidad estas medidas contractuales y en el futuro encontrar otros medios para utilizar los medicamentos como productos generadores de inmensos beneficios. Otro recorte que ha sido bien recibido, salvo por la demagogia popular, ha sido la supresión del cheque-bebé, que asignaba injustamente la misma ayuda a cualquier nivel de renta, aunque habrá que buscar incentivos a la natalidad que tengan en cuenta las desigualdades.

Otras medidas de ajuste podrían realizarse de inmediato como la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones. Quizás entonces el señor Fabra y su mujer no habrían tenido tanta suerte y tantos premios en tan poco tiempo (en 2008 ganó dos millones de euros con el premio Gordo de la Lotería del Niño). Por supuesto, la supresión de cargos de libre designación y asesores que los políticos designan a dedo para colocación de amigos, familiares y políticos en situación de paro (hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 sin impacto laboral). El cálculo dice que si el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, la supresión supondría un ahorro de 1.120 millones al año, sin contar el ahorro en comidas, viajes y demás actos protocolarios.

Pero hay una manera de ahorrar más de 250 millones al año que no exige subir impuestos ni eliminar ningún servicio ni prestación, y es la supresión de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Incluso es posible que en estos momentos el Estado deje de ingresar casi mil millones de euros por desembolsos fiscales no realizados, dado el acuerdo del Estado español con el Vaticano porque el que se exime de tributar el IVA a la iglesia católica. No es de recibo que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio estén financiadas por el Estado, sino financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

Estas y las otras medidas señaladas nos hacen pensar que otra reducción del déficit de las cuentas públicas es posible, y que el mantenimiento de los derechos sociales y la inversión también son posibles.