MENORES INMIGRANTES Y SIN PAPELES EN ESPAÑA: LIMBO LEGAL Y DESINFORMACIÓN

Mi amigo Mohamed El Gheryb me envía la siguiente información desde que el niño llega en patera. La Cruz Roja examina su estado de salud. La Policía le interroga. Verifica sus datos personales. Y es enviado a un centro de acogida. Es el prólogo burocrático al que se enfrenta cualquier menor de edad no acompañado que atraca en las costas españolas. Su destino es, a partir de entonces, una fórmula imperfecta de carisma, actitud y azar. Sobre todo azar. La proliferación de centros de menores en España, la ausencia de cifras oficiales –se calcula que miles de niños viven bajo la tutela de las CC AA– y la opacidad organizativa que opera a su alrededor impiden sacar conclusiones genéricas sobre estas instituciones. Pero hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional.

Hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional Organizaciones a favor de los derechos de la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan información a los menores para evitar su nacionalización a pesar de que la ley permite iniciar el proceso legal a las personas con dos años de residencia en España. “Sus propios tutores evitan que inicien los trámites y descartan así la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos españoles”, matiza José Palazón, presidente de la Asociación Prodein. Una conducta que compromete el futuro de estos niños inmigrantes.

Los jóvenes son obligados a abandonar la institución al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son detenidos por la Policía y expulsados del país. Por ejemplo, el 85% de los jóvenes inmigrantes en Melilla son deportados una vez cumplidos los 18 años. El elemento xenófobo y la prevención de conflictos burocráticos entre los centros y las CC AA podrían ser los principales móviles de la indiferencia institucional.

Las consecuencias de esta actitud política multiplica los problemas sociales. Los inmigrantes se escapan de los centros antes de cumplir los 18 años para evitar ser expulsados. Y los jóvenes deportados son carne de bajos de camión. Las ONG denuncian la doble moral de las instituciones. “El Gobierno invierte dinero y recursos humanos en la manutención y formación de estos jóvenes para después abandonarlos a su suerte”. El colectivo catalán Drari دراري considera que el Estado debería de proteger a estas personas una vez cumplida la mayoría de edad aunque fuese “desde el punto de vista egoísta de la productividad”.

Marruecos es el Talón de Aquiles del conflicto. Las cifras oficiales de niños procedentes del reino alauí acogidos en España son una incógnita. Pero según datos de Europa Press, sólo en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la tutela de la Junta tres años después de que el Gobierno español firmase con Marruecos un acuerdo para agilizar las repatriaciones.

El tema es arduo y complejo. Las ONG aplauden que España exija a Marruecos garantías sociales antes de repatriar a los menores. Pero denuncian la inercia y la desprotección a la que se ven sometidos los niños. “Hay casos de familias desestructuradas que no podrían proteger a sus hijos. Pero hay niños que han viajado voluntariamente sin el permiso paterno que necesitan a sus padres y sus padres les necesitan. Y, 1.000 días después, siguen a 500 kilómetros de distancia”, matizan desde Drari دراري

Las ONG denuncian que los niños son el último filón de negocio político entre ambos países. Marruecos está ‘saturado’ de niños de la calle. Así que renuncia a su protección por ser “entes molestos” y porque económicamente –envían remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero marroquí– son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda. Y así, las relaciones diplomáticas no se resienten.

El 15 de septiembre del año pasado llegó a las costas españolas, en concreto a Tarifa (Cádiz), la primera patera infantil, tripulada sólo por menores. En ella viajaban seis niños, todos varones y de origen magrebí. La embarcación era una balsa hinchable de juguete. Al parecer, cada vez vienen más menores porque saben que en España no se les devuelve a sus países de origen.

Col•lectiu DRARI دراري d’Investigació Acció Participativa pels Drets de l’Infant

Asturies. Colectivo Social y Justicia Calle Belmonte Miranda 4º entresuelo D 33201 Xixón Asturies Fx 985 35 99 15 Tf 635 773 540 <dialogandomucho@gmail.com> http://www.socialyjusticia.blogspot.com http://www.menoressolos.blogspot.com
La Rioja. Asociación La Tavaya <latavaya@yahoo.es>
Castilla León. Colectivo Saltando Charcos <saltandocharcos@yahoo.es>
Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados <comunicacion@centrosdemenores.com>, <centrosychicxs@hotmail.com>
Colectivo No a O´Belen <noaobelen@hotmail.es>
Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes http://www.coordinadoradebarrios.org Calle Peironcely 2. 28053 Entrevías Madrid <coordinadora@coordinadoradebarrios.org> 914 778 578 Fx 914 778 399
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado http://www.fundacioncear.org/menores Calle Noviciado 5. 28015 Madrid Cear Estatal Menores <menores@cear.es> Cear Madrid Menores <menoresmad@cear.es> 915 550 698, 91 555 29 08 Fx 915 555 416

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NO FUTURO

Ayer, víspera sanjuanera, temprano, me han sacado de la cama unas llamadas telefónicas inquiriendo por mi opinión acerca del bajón en los indicadores de natalidad el pasado 2009. Como además de dormido, un virus maligno me ha dejado temporalmente sin acceso a la información con la que parecían haberse sobresaltado los medios (TV y radio), he tenido que recurrir al bar próximo donde un café humeante y la prensa me han puesto sobre aviso.

Todo parece que tras unos años de leve crecimiento de la natalidad y de los índices de fecundidad (centésimas), la tendencia apuntaba hacia lo que ocurre en los países del norte de Europa donde se da un cierto equilibrio en la población que permite el relevo generacional; y aunque lejos aún, España, con el apoyo inesperado de las mujeres extranjeras y unas expectativas de seguridad laboral y crecimiento económico, podía augurar un futuro en el que aun sin alcanzar las cotas piramidales del baby-boom, o las propias del relevo generacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil), sí caminaba hacia una sociedad más equilibrada en su pirámide o, mejor dicho, en su polígono demográfico.

Hoy, sin embargo, el brusco descenso de la natalidad ha disparado todas las alarmas mediáticas, pues es cierto que con el increíble y maravilloso aumento de las expectativas de esperanza media de vida, podría ocurrir que una de cada tres personas y no una de cada cuatro como sucede en la actualidad, podría ser mayor de sesenta y cinco años, lo cual desequilibraría las bases sobre las que se asienta nuestro Estado del Bienestar. Un desequilibrio agudizado por el hecho de que no toda la población potencialmente activa trabaja (ahora mismo dos de cada cuatro mujeres y tres de cada cuatro hombres), lo cual podría provocar que cada activo soportase a un no-activo (mayores de sesenta y cinco y menores de dieciséis años), algo difícil de sostener en una sociedad expansiva en servicios.

Las causas de este descenso de la natalidad en 2009 son tanto coyunturales (2008 fue el año en que se declaró oficialmente la crisis  y también el año en que se gestaron o se podían haber gestado los nacimientos del 2009), como estructurales (las mujeres españolas no proyectan el nacimiento de su primer hijo hasta que no tienen cierta seguridad –afectiva, laboral y de vivienda-, y por lo tanto dilatan esta decisión hasta los últimos años de su periodo fértil; por su parte las mujeres extranjeras tienden a integrarse en la sociedad de acogida y por tanto convergen con las mujeres autóctonas en sus expectativas).

Así pues, el descenso estaba cantado, pues el leve crecimiento sostenido en los últimos años sólo se podía apuntalar con una política decididamente familista, y eso en este país ni ha ocurrido ni va a ocurrir hasta que posiblemente nos encontremos en un nuevo ciclo de crecimiento económico y se tome en consideración una política que estimule la natalidad y el sostenimiento de la población.

A veces se aduce que las mujeres españolas al incorporarse al mercado laboral han subordinado las expectativas de maternidad a su carrera profesional. Y es cierto, pero puntualizando, pues las mujeres que trabajan son poco más de la mitad de la población activa femenina, todo lo contrario de lo que ocurre en los países nórdicos donde trabajan tantas o más que hombres y, sin embargo, tienen índices de fecundidad hasta cuatro y cinco décimas supriores a los de las españolas. Qué ocurre?, pues que sus empleos son buenos y seguros, es decir, son de calidad y ofrecen reconocimiento y fijeza. Ocurre también que reciben el apoyo de sus parejas, las cuales se corresponsabilizan en el cuidado, crianza y educación de sus hijos (algo que aún no conocemos los españoles mas que en el cine). Ocurre que la administración y las empresas apoyan la conciliación familiar mediante toda clase de servicios para la guarda, crianza y educación de los hijos, mediante horarios laborales flexibles adaptados a las necesidades de los padres, remunerando el tiempo ocupado con los hijos y guardando el empleo para cuando los padres se reintegran al trabajo. En fin, una serie de medidas ajenas a la política y la sociedad española, que aún sigue depositando en la mujer todas las expectativas de sostenimiento generacional.

El No Futuro surgió cuando grupos de jóvenes vieron que su futuro era negro, faltaba el empleo, la vivienda y las oportunidades, rebelándose contra todo lo establecido. En España, parece que son las mujeres quienes han dicho basta y se han vuelto punkies proclamando el No Futuro.

VIGILAR Y CASTIGAR MENORES

Hace pocos días tuvo lugar una pequeña manifestación en el pueblo de Seseña (Toledo), en protesta por la muerte de la adolescente de trece años Cristina Martín a manos de otro adolescente de su edad, y en la que se quejaban de la supuesta impunidad que tienen los delitos cometidos por menores.

Fue una manifestación de protesta que ya se ha repetido puntualmente en casos parecidos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, y siempre enarbolando la petición de modificar la ley del menor con el objetivo de que se rebaje la edad penal de los menores y adolescentes, o bien que cumplan condenas de cárcel una vez adquieran la mayoría de edad a los dieciocho años. Incluso hay quienes han solicitado la aplicación de la ley de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas, para que los delitos de los menores sean considerados a la misma altura que los terroristas o el crimen organizado. Y en la línea del ingenioso y sarcástico Federico Trillo, los hay que demandan la cadena perpetua condicionada, todo un homenaje al disparate nacional arropado por la imaginación de un legislador inquisidor.

A pesar de que la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, desde que se publicara en enero de 2000 ha sufrido hasta cinco modificaciones, casi a una por cada ocasión de alarma social (más bien alarma mediática y partidaria), la petición de endurecimiento de las penas se ha mantenido constante frente a la demanda de medidas de carácter preventivo o protector. Tal parece que los menores y adolescentes del siglo XXI se han convertido en una amenaza para el orden social de los adultos, como ya ocurriera en los siglos más oscuros de la historia social en los que la consideración acerca de los niños como seres angelicales e inocentes se transformó en la apreciación de ángeles oscuros o demonios, capaces de las mayores crueldades. Sobre esta base de que los niños no son tan inocentes  se encuentra la justificación de los doce años como edad suficiente para considerar sus acciones, como iguales a las de un adulto al que castigar por sus faltas y delitos con penas de cárcel y encierro en recintos adecuados.

Lo curioso y desalentador de esta forma de entender leyes y normas punitivas, virtud de una mentalidad de siglos anteriores, es que se pretendan aplicar sobre niños del siglo XXI. Una realidad de adultos aplicada a una realidad de niños y adolescentes, en la que mientras unos juegan con el espacio físico, la economía y el futuro de la tierra, los otros juegan a la Play, el móvil o Internet. Realidades enfrentadas y hasta contradictorias, pues mientras unos se sienten creadores, otros proyectan su creación; unos son adultos conscientes y definidos y otros son menores con imaginación y sin identidad o, en todo caso, con una identidad en construcción donde los modelos ya no son sólo los adultos (padres, familia, escuela, religión), sino los que imaginan que son como adultos, sus colegas de Tuenti o de cualquier otra red social.

Curiosamente las dos niñas implicadas en el caso de Seseña chateaban en Tuenti pese a que eran menores de catorce años; es decir, se habían inventado y construido una identidad falsa con la que se integraron en la red. En la red, las niñas, niños y adolescentes reinventan su identidad de forma gratuita sin el concurso de los adultos, que sólo consiguen hacerse visibles y ocupar un lugar en el mundo mediante la compra del mismo. Tanto en la red Tuenti como en Facebook, se han creado grupos que propugnan justicia en sus muros, destacando con textos, fotos y videos el carácter angelical de la víctima y el carácter demoniaco de la agresora, azuzándose los miembros de dichos grupos en petición de venganza con toda clase de historias, improperios y solidaridad con las familias de las víctimas. Incluso cobra fuerza en estos grupos la sospecha de que fue la invitación de amistad en la red a un chico, lo que pudo originar la disputa entre estas niñas que trágicamente acabó con la muerte de una de ellas.

Mas dejando de lado la configuración, construcción y modelación del niño que, desde luego, no ha sido uniforme ni continua a lo largo de la historia, nos encontramos con la existencia de establecimientos donde se encierra a los niños, niñas y adolescentes con un afán punitivo que repugna a la conciencia de los adultos sensibles a los derechos fundamentales de los mismos. Los centros de reforma, de protección de menores y de acogida a menores inmigrantes no acompañados, se han convertido poco a poco en establecimientos carcelarios de los que, incluso el Defensor del Pueblo, llegó a denunciar cuanto habían expuesto públicamente en numerosas ocasiones las asociaciones, ONGs y organizaciones de apoyo a la infancia y la juventud, a propósito de las innumerables irregularidades (producidas principalmente en establecimientos con gestión privada), como la excesiva rigurosidad en los métodos de contención, incluyendo el uso de violencia física; el uso abusivo e indiscriminado de medicación, la intimidación psicológica, el aislamiento en celdas, etc.

Pese a que el debate social ha mostrado su oposición a que estos establecimientos se encuentren gestionados por entidades privadas, en el huerto riojano se riega contracorriente y la consejera para la privatización de los servicios sociales acomete sin apenas despeinarse la tarea encomendada. Resulta cuando menos irónico que fuera la diputada del PSOE Inmaculada Ortega, actualmente expulsada del hemiciclo por su carácter desafiante al PP (más o menos como si expulsaran de La Rioja a unos cuantos miles de riojanos por defender puntos de vista contrarios), quien el pasado mes de marzo presentara una proposición no de ley sobre la privatización de la Residencia Iregua y recibiera como respuesta, que el propósito de las críticas a las entidades privadas Diagrama y O´Belen interesadas en su gestión están orquestadas por los sindicatos.

Vamos, que la falta de eficiencia de la gestión privada que puede llevar a gastos superiores al millón de euros al año, que el despido de trabajadores en activo con formación y experiencia suficiente, y que la pérdida de los objetivos de protección a menores aplicando criterios educativos de reinserción, no son mas que insidias sindicales; por que lo relevante es la política de externalización de los servicios públicos mediante su privatización. El dinero debe fluir del conjunto de todos los bolsillos riojanos a la caja fuerte de unos pocos empresarios y, para conseguir apoyos, nada mejor que excitar los instintos de venganza y castigo. Parafraseando el libro de Michel Foucault, se trata de vigilar y castigar menores.