PEDOFILIA O BARBARIE

Escribí esto el pasado treinta y uno de marzo antes de viajar a Cuenca para conocer las turbas.

Vuelve a la palestra el inefable obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, uno más de la larga lista de miembros de la jerarquía católica española que se despachan a gusto cuando les toca hablar de los comportamientos sexuales de los españoles. Bernardo Álvarez ya se soltó con unas perlas hace dos años cuando a propósito de los curas pedófilos dijo que hay menores de edad que “consienten” mantener relaciones sexuales, añadiendo que “incluso, si te descuidas, te provocan”.

Vamos, que las víctimas son los prelados inocentes que se ven en su casta vida atacados por el deseo de la carne, el mayor de los pecados capitales, por culpa de unos niños que provocan con sus cuerpos deseosos de ser violados.  Además, parece que habiendo confesado el pecado, podían verse eximidos de la justicia terrenal, como recuerda este obispo cuando indica “que la confesión es un sacramento sometido a sigilo sagrado, y que por tanto no se puede usar para desvelar estos abusos”. Vaya morro, de este modo no hay caso judicial como no haya confesión pública. Incluso el obispo no puede ser tratado de encubridor del delito, pues actúa según mandato sacramental. Qué bien, un pecado, dos delitos y ninguna expiación.

También el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, condenó en una homilía los abusos de menores cometidos por algunos religiosos, pero denunció que estos casos se presenten “como si fuera un pecado del clero católico” con el fin de extender “la sospecha de que cualquier cura o fraile puede ser presunto pederasta”. En esta línea señaló que “abusar de los más pequeños de modo torpe y cobarde es uno de los pecados más deleznables”, y quienes han cometido tales pecados deben dar cuenta “ante Dios y ante los tribunales”. Menos mal que por lo menos señala la obligación de dar cuenta ante la Justicia; sin embargo, la sospecha de que se queja este arzobispo no es menos obligada, pues proviene precisamente del ocultamiento del delito que han realizado los miembros de la jerarquía. Y esta sospecha de ocultamiento alcanza a numerosos curias de Europa, América y Oceanía que han preferido mirar hacia otro lado durante décadas, criminalizando socialmente a las víctimas que se atrevieron a contar algo para romper el silencio establecido por la jerarquía católica. Una sospecha que pese a quien le pese, parece alcanzar incluso a su cabeza Josep Ratzinger

Precisamente para salvar la cabeza de Benedicto XVI, (ex inquisidor, ex teólogo ultraconservador y ex soldado de la Wehrmacht), al obispo de Tenerife no se le ha ocurrido otra cosa que asegurar que tras las últimas denuncias de abusos sexuales contra sacerdotes hay un interés malévolo de desprestigiar a la Iglesia Católica y al Papa. Y para ello recuerda que los casos de abusos y malos tratos a niños se dan principalmente en las familias y, claro, no por eso vamos a sospechar de todas las familias.

Está visto que con un obispo tan avispado no hay manera de hincarle el diente a esto de la pedofilia y la jerarquía católica, aunque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid ¿por qué ese empeño en mantener el celibato de monjas y sacerdotes?, si por hacer voto de castidad no van a dejar de mantener una actividad sexual como cualquiera; por desgracia ocultándola y degradándola, salvo esos sacerdotes valientes que se casan, o los más estrafalarios que se anuncian en páginas de contactos, o los más pudientes como el cardenal de París que murió en un elegante prostíbulo.

Hasta que en 1073 Gregorio VII impuso el celibato, en esos diez siglos de vida cristiana, además de San Pedro otros seis papas vivieron en matrimonio y hasta once papas fueron hijos de otros papas o miembros de la Iglesia. Contaba el escritor argentino Tomás Eloy que la decisión de imponer el celibato se utilizó principalmente como un medio para evitar que los bienes de los sacerdotes casados fueran heredados por sus hijos y viudas y no por la Iglesia.

Acabáramos, yo creo que a estas alturas, diez siglos después, ya han acumulado el mayor patrimonio existente en el orbe de la tierra y va siendo hora de que manifiesten su sexualidad de una manera natural, dejen de prohibir el uso de preservativos, de violentar a las jóvenes gestantes para que no aborten, y permitan vivir y morir sin su celo redentor. Creo que ya es suficiente con estos días de barbarie en que la jerarquía eclesiástica volverá a ocupar las calles y algunas conciencias. Una vez más.

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PECADOS Y DELITOS

Este artículo se publicó en Rioja2.com el dieciséis de diciembre de 2009. Mi intención ha sido desenmascarar la peligrosa confusión a que somete la iglesia católica a sus feligreses al mixtificar pecado y delito.

Según nos enseñaron en religión (los que recibimos educación entre religiosos), los pecados son “delitos morales” significados por la trasgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos. Y como las normas y preceptos son innumerables (para su conocimiento y discernimiento están los especialistas formados por la Iglesia), también son un sin número los pecados, a los cuales se les otorga de forma gradiente una mayor o menor penitencia o castigo, tras el “ego te absolvo” del especialista. Por su parte (y no recibí formación en derecho), los delitos son conductas o comportamientos punibles; es decir, que la sociedad decide castigarlos por ir contra el Derecho y las leyes que sostienen la convivencia.

Pues bien, en plena ceremonia de la confusión, los pecados o delitos morales podrían llegar a convertirse en delitos civiles o penales, por obra y arte de los mensajes transmitidos por el Secretario general de la fundamentalista Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en las que avisaba a los políticos católicos de que si apoyan la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo “están objetivamente en pecado público” y no podrán “ser admitidos en la sagrada Comunión”. Esto como poco, porque los que practiquen o ayuden en la interrupción del embarazo están cometiendo un asesinato. O sea, una conducta tipificada en el código penal, aunque ahora se intente despenalizar a mujeres y ginecólogos autores de tales actos contra la vida.

No hace poco, a finales de noviembre, se publicó el  informe encargado por el Gobierno de Irlanda que analizaba las violaciones de menores perpetradas por sacerdotes en la archidiócesis de Dublín entre 1975 y 2004, los cuales abusaron de sus pupilos mientras los responsables de la Iglesia trasladaban a los religiosos involucrados a otras congregaciones en lugar de alertar a la policía y denunciar los casos de abuso para evitar escándalos. Los resultados coinciden con los de un dossier aún más detallado presentado en mayo según el cual, entre la década de los treinta y la de los noventa del siglo pasado, miles de niños que vivían en internados y estudiaban en escuelas católicas de la isla recibieron palizas, fueron violados y humillados por sacerdotes, monjas y monjes. La investigación aportaba evidencias de que el abuso de menores era una práctica generalizada.

Es probable que sea precisamente el rol prominente de la Iglesia en la vida irlandesa lo que permitió que los abusos cometidos por una minoría de sus miembros fueran tolerados”, dice un fragmento del informe. El mismo argumento puede aplicarse a otros casos de abusos generalizados registrados, sobre todo en Australia, Austria, Canadá, Francia, Polonia y Estados Unidos, donde la Iglesia católica ha sido acusada de encubrir sistemáticamente los abusos y delitos cometidos por sus miembros.

En la cúpula española, el que fuera cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España, ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal y hoy cardenal Prefecto de la Congregación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Antonio Cañizares, consideró en su momento que “no es comparable” el caso de los abusos a menores en escuelas católicas irlandesas con el aborto, porque el primero afecta a “unos cuantos colegios” y el segundo supone que “más de 40 millones de seres humanos se han destruido legalmente” (las estadísticas no son su fuerte precisamente).

A su juicio, la culpa de que esos hechos ocurran “la tenemos todos” y es un crimen mayor interrumpir un embarazo que violar y torturar menores de edad sistemáticamente durante décadas, silenciarlo, y criminalizar socialmente  a las víctimas que se atrevían a contar algo para que su testimonio no fuese tenido en cuenta. Por que es cierto que hay gradientes en los pecados como existen gradientes en los delitos, y si un especialista en pecados considera mayor uno que otro en la jerarquía del pecado, ninguna autoridad civil puede desautorizarlo, ni decidir el tipo de castigo moral, o al modo que señalaba San Mateo para quienes abusaran de los niños: “Más le valdría que se le atase al cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar al que escandalizase a uno de estos pequeños”.

Pero para torpeza de abusadores, pedófilos y violadores de niños están los delitos contra el Derecho, su conducta está tipificada y conlleva castigos penales más allá de la condena moral de la Iglesia. Y para salvaguarda de las mujeres y a quienes les apoyaron en su decisión de interrumpir el embarazo, están las leyes que administra la Justicia con independencia del carácter moral que supone para la Iglesia y su tipificación del pecado. Amén