MENORES INMIGRANTES Y SIN PAPELES EN ESPAÑA: LIMBO LEGAL Y DESINFORMACIÓN

Mi amigo Mohamed El Gheryb me envía la siguiente información desde que el niño llega en patera. La Cruz Roja examina su estado de salud. La Policía le interroga. Verifica sus datos personales. Y es enviado a un centro de acogida. Es el prólogo burocrático al que se enfrenta cualquier menor de edad no acompañado que atraca en las costas españolas. Su destino es, a partir de entonces, una fórmula imperfecta de carisma, actitud y azar. Sobre todo azar. La proliferación de centros de menores en España, la ausencia de cifras oficiales –se calcula que miles de niños viven bajo la tutela de las CC AA– y la opacidad organizativa que opera a su alrededor impiden sacar conclusiones genéricas sobre estas instituciones. Pero hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional.

Hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional Organizaciones a favor de los derechos de la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan información a los menores para evitar su nacionalización a pesar de que la ley permite iniciar el proceso legal a las personas con dos años de residencia en España. “Sus propios tutores evitan que inicien los trámites y descartan así la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos españoles”, matiza José Palazón, presidente de la Asociación Prodein. Una conducta que compromete el futuro de estos niños inmigrantes.

Los jóvenes son obligados a abandonar la institución al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son detenidos por la Policía y expulsados del país. Por ejemplo, el 85% de los jóvenes inmigrantes en Melilla son deportados una vez cumplidos los 18 años. El elemento xenófobo y la prevención de conflictos burocráticos entre los centros y las CC AA podrían ser los principales móviles de la indiferencia institucional.

Las consecuencias de esta actitud política multiplica los problemas sociales. Los inmigrantes se escapan de los centros antes de cumplir los 18 años para evitar ser expulsados. Y los jóvenes deportados son carne de bajos de camión. Las ONG denuncian la doble moral de las instituciones. “El Gobierno invierte dinero y recursos humanos en la manutención y formación de estos jóvenes para después abandonarlos a su suerte”. El colectivo catalán Drari دراري considera que el Estado debería de proteger a estas personas una vez cumplida la mayoría de edad aunque fuese “desde el punto de vista egoísta de la productividad”.

Marruecos es el Talón de Aquiles del conflicto. Las cifras oficiales de niños procedentes del reino alauí acogidos en España son una incógnita. Pero según datos de Europa Press, sólo en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la tutela de la Junta tres años después de que el Gobierno español firmase con Marruecos un acuerdo para agilizar las repatriaciones.

El tema es arduo y complejo. Las ONG aplauden que España exija a Marruecos garantías sociales antes de repatriar a los menores. Pero denuncian la inercia y la desprotección a la que se ven sometidos los niños. “Hay casos de familias desestructuradas que no podrían proteger a sus hijos. Pero hay niños que han viajado voluntariamente sin el permiso paterno que necesitan a sus padres y sus padres les necesitan. Y, 1.000 días después, siguen a 500 kilómetros de distancia”, matizan desde Drari دراري

Las ONG denuncian que los niños son el último filón de negocio político entre ambos países. Marruecos está ‘saturado’ de niños de la calle. Así que renuncia a su protección por ser “entes molestos” y porque económicamente –envían remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero marroquí– son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda. Y así, las relaciones diplomáticas no se resienten.

El 15 de septiembre del año pasado llegó a las costas españolas, en concreto a Tarifa (Cádiz), la primera patera infantil, tripulada sólo por menores. En ella viajaban seis niños, todos varones y de origen magrebí. La embarcación era una balsa hinchable de juguete. Al parecer, cada vez vienen más menores porque saben que en España no se les devuelve a sus países de origen.

Col•lectiu DRARI دراري d’Investigació Acció Participativa pels Drets de l’Infant

Asturies. Colectivo Social y Justicia Calle Belmonte Miranda 4º entresuelo D 33201 Xixón Asturies Fx 985 35 99 15 Tf 635 773 540 <dialogandomucho@gmail.com> http://www.socialyjusticia.blogspot.com http://www.menoressolos.blogspot.com
La Rioja. Asociación La Tavaya <latavaya@yahoo.es>
Castilla León. Colectivo Saltando Charcos <saltandocharcos@yahoo.es>
Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados <comunicacion@centrosdemenores.com>, <centrosychicxs@hotmail.com>
Colectivo No a O´Belen <noaobelen@hotmail.es>
Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes http://www.coordinadoradebarrios.org Calle Peironcely 2. 28053 Entrevías Madrid <coordinadora@coordinadoradebarrios.org> 914 778 578 Fx 914 778 399
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado http://www.fundacioncear.org/menores Calle Noviciado 5. 28015 Madrid Cear Estatal Menores <menores@cear.es> Cear Madrid Menores <menoresmad@cear.es> 915 550 698, 91 555 29 08 Fx 915 555 416

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VIGILAR Y CASTIGAR MENORES

Hace pocos días tuvo lugar una pequeña manifestación en el pueblo de Seseña (Toledo), en protesta por la muerte de la adolescente de trece años Cristina Martín a manos de otro adolescente de su edad, y en la que se quejaban de la supuesta impunidad que tienen los delitos cometidos por menores.

Fue una manifestación de protesta que ya se ha repetido puntualmente en casos parecidos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, y siempre enarbolando la petición de modificar la ley del menor con el objetivo de que se rebaje la edad penal de los menores y adolescentes, o bien que cumplan condenas de cárcel una vez adquieran la mayoría de edad a los dieciocho años. Incluso hay quienes han solicitado la aplicación de la ley de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas, para que los delitos de los menores sean considerados a la misma altura que los terroristas o el crimen organizado. Y en la línea del ingenioso y sarcástico Federico Trillo, los hay que demandan la cadena perpetua condicionada, todo un homenaje al disparate nacional arropado por la imaginación de un legislador inquisidor.

A pesar de que la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, desde que se publicara en enero de 2000 ha sufrido hasta cinco modificaciones, casi a una por cada ocasión de alarma social (más bien alarma mediática y partidaria), la petición de endurecimiento de las penas se ha mantenido constante frente a la demanda de medidas de carácter preventivo o protector. Tal parece que los menores y adolescentes del siglo XXI se han convertido en una amenaza para el orden social de los adultos, como ya ocurriera en los siglos más oscuros de la historia social en los que la consideración acerca de los niños como seres angelicales e inocentes se transformó en la apreciación de ángeles oscuros o demonios, capaces de las mayores crueldades. Sobre esta base de que los niños no son tan inocentes  se encuentra la justificación de los doce años como edad suficiente para considerar sus acciones, como iguales a las de un adulto al que castigar por sus faltas y delitos con penas de cárcel y encierro en recintos adecuados.

Lo curioso y desalentador de esta forma de entender leyes y normas punitivas, virtud de una mentalidad de siglos anteriores, es que se pretendan aplicar sobre niños del siglo XXI. Una realidad de adultos aplicada a una realidad de niños y adolescentes, en la que mientras unos juegan con el espacio físico, la economía y el futuro de la tierra, los otros juegan a la Play, el móvil o Internet. Realidades enfrentadas y hasta contradictorias, pues mientras unos se sienten creadores, otros proyectan su creación; unos son adultos conscientes y definidos y otros son menores con imaginación y sin identidad o, en todo caso, con una identidad en construcción donde los modelos ya no son sólo los adultos (padres, familia, escuela, religión), sino los que imaginan que son como adultos, sus colegas de Tuenti o de cualquier otra red social.

Curiosamente las dos niñas implicadas en el caso de Seseña chateaban en Tuenti pese a que eran menores de catorce años; es decir, se habían inventado y construido una identidad falsa con la que se integraron en la red. En la red, las niñas, niños y adolescentes reinventan su identidad de forma gratuita sin el concurso de los adultos, que sólo consiguen hacerse visibles y ocupar un lugar en el mundo mediante la compra del mismo. Tanto en la red Tuenti como en Facebook, se han creado grupos que propugnan justicia en sus muros, destacando con textos, fotos y videos el carácter angelical de la víctima y el carácter demoniaco de la agresora, azuzándose los miembros de dichos grupos en petición de venganza con toda clase de historias, improperios y solidaridad con las familias de las víctimas. Incluso cobra fuerza en estos grupos la sospecha de que fue la invitación de amistad en la red a un chico, lo que pudo originar la disputa entre estas niñas que trágicamente acabó con la muerte de una de ellas.

Mas dejando de lado la configuración, construcción y modelación del niño que, desde luego, no ha sido uniforme ni continua a lo largo de la historia, nos encontramos con la existencia de establecimientos donde se encierra a los niños, niñas y adolescentes con un afán punitivo que repugna a la conciencia de los adultos sensibles a los derechos fundamentales de los mismos. Los centros de reforma, de protección de menores y de acogida a menores inmigrantes no acompañados, se han convertido poco a poco en establecimientos carcelarios de los que, incluso el Defensor del Pueblo, llegó a denunciar cuanto habían expuesto públicamente en numerosas ocasiones las asociaciones, ONGs y organizaciones de apoyo a la infancia y la juventud, a propósito de las innumerables irregularidades (producidas principalmente en establecimientos con gestión privada), como la excesiva rigurosidad en los métodos de contención, incluyendo el uso de violencia física; el uso abusivo e indiscriminado de medicación, la intimidación psicológica, el aislamiento en celdas, etc.

Pese a que el debate social ha mostrado su oposición a que estos establecimientos se encuentren gestionados por entidades privadas, en el huerto riojano se riega contracorriente y la consejera para la privatización de los servicios sociales acomete sin apenas despeinarse la tarea encomendada. Resulta cuando menos irónico que fuera la diputada del PSOE Inmaculada Ortega, actualmente expulsada del hemiciclo por su carácter desafiante al PP (más o menos como si expulsaran de La Rioja a unos cuantos miles de riojanos por defender puntos de vista contrarios), quien el pasado mes de marzo presentara una proposición no de ley sobre la privatización de la Residencia Iregua y recibiera como respuesta, que el propósito de las críticas a las entidades privadas Diagrama y O´Belen interesadas en su gestión están orquestadas por los sindicatos.

Vamos, que la falta de eficiencia de la gestión privada que puede llevar a gastos superiores al millón de euros al año, que el despido de trabajadores en activo con formación y experiencia suficiente, y que la pérdida de los objetivos de protección a menores aplicando criterios educativos de reinserción, no son mas que insidias sindicales; por que lo relevante es la política de externalización de los servicios públicos mediante su privatización. El dinero debe fluir del conjunto de todos los bolsillos riojanos a la caja fuerte de unos pocos empresarios y, para conseguir apoyos, nada mejor que excitar los instintos de venganza y castigo. Parafraseando el libro de Michel Foucault, se trata de vigilar y castigar menores.

¿CASTIDAD? NO, GRACIAS

Hace unos días, el obispo mexicano de San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas), Felipe Arizmendi, responsabilizó a “la invasión de erotismo presente en los medios de comunicación” de los abusos cometidos por el clero ya que, ante tal aluvión de estímulos, no es fácil “mantenerse en el celibato y en el respeto a los niños”, subrayando que el libertinaje sexual que se vive actualmente es uno de los detonantes de los escándalos de pederastia que en los últimos meses asolan el panorama de la iglesia católica.

Desde luego con estas manifestaciones no ha conseguido aplacar las críticas por los abusos sexuales y casos de pederastia cometidos por el clero, sino todo lo contrario, pues han aumentado el número de personas, organizaciones e instituciones políticas y sociales, así como representantes de gobiernos que han respondido indignados por este incontinente verbal.

Parte de su argumentación podría tener base real al señalar que la iglesia católica pondrá mayor énfasis en mejorar la educación sexual de sus sacerdotes, pese a que el medio ambiente no es propicio sino contrario a la castidad. Se refiere a Internet que lo invade todo y por ello es difícil que alguien se sustraiga a un ambiente tan erotizado. Ante un libertinaje social generalizado como el que existe actualmente, hay más posibilidades de actos de pederastia, no solo en la Iglesia sino en la familia, en las escuelas y en muchos otros ambientes.

Y es cierto que las posibilidades que ofrece la libertad sexual pueden esconder actos violentos o contrarios a la propia libertad, aunque no estoy de acuerdo en que sea la libertad la que promueva esos abusos, esa violencia, ese ejercicio del dominio y del poder, sino las bases sobre las que se socializaron, se formaron y se educaron las personas que conculcaron los derechos y la libertad de los otros. Ahí es donde debe buscar el origen de de los abusos de los sacerdotes, y ahí es donde precisamente entra la castidad coercitiva e impuesta mediante el celibato al clero.

El secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, el agitador que ha relacionado pederastia y homosexualidad, decía estos días a su paso por Cataluña que el voto de celibato es una tradición positiva y su incumplimiento puede conllevar consecuencias que después son muy dolorosas y lo dañan todo. Es cierto, las consecuencias se muestran no sólo con los casos de abuso sexual de menores por el clero en Europa y  Estados Unidos, sino en las regiones donde el catolicismo está creciendo más rápido como América Latina, Asia y, sobre todo, África, donde según Peter Schineller, un sacerdote jesuita que ha pasado veinte años en África, la transgresión de la castidad entre los sacerdotes va desde el acoso, la violación y el sexo consentido, hasta engendrar hijos. Schineller señala que en África los adultos con hijos tienen una posición social más alta que los adultos sin hijos. Además, los sacerdotes a menudo están aislados, separados, y las tentaciones son muy fuertes.

En una investigación llevada a cabo en 2001 por la National Catholic Reporter y publicada el nueve de marzo, se puede leer en el Memorándum presentado por Sor Marie McDonald (de Misioneros de Nuestra Señora de África), que el acoso sexual e incluso violación de las hermanas por sacerdotes y obispos es supuestamente común. A veces, cuando una hermana se queda embarazada el sacerdote insiste en el aborto. La hermana por lo general es despedida de su congregación, mientras que el sacerdote es trasladado a otra parroquia. Otro problema es que muchas hermanas son económicamente dependientes de los sacerdotes que solicitan favores sexuales a cambio de su ayuda financiera. Además, los sacerdotes se aprovechan de la dirección espiritual para pedir esos favores sexuales.

El abuso sexual de las religiosas es el principal problema de la iglesia católica en África y son varias las causas apuntadas en los informes procedentes de las congregaciones diocesanas, como el voto de celibato/castidad, que no es de gran valor en aquellos países donde el matrimonio es el objetivo principal, aunque como el precio de la novia es demasiado alto, la opción alternativa que se presenta a las jóvenes es la vida religiosa.

Otra causa proviene del status inferior de la mujer en la sociedad y en la iglesia. A una hermana le resulta imposible rechazar a un sacerdote que le pide favores sexuales, pues han sido educadas para estar al servicio y obedecer al varón que se ve como una figura de autoridad. Como los sacerdotes recibieron una formación teológica más avanzada, pueden utilizar falsos argumentos para justificar sus solicitudes de sexo, como este de: Ambos somos célibes consagrados. Esto significa que prometimos no casarnos. Sin embargo, podemos tener relaciones sexuales sin romper nuestros votos.

Por otra parte, las monjas también tienen un lugar único en el panorama sexual, en un universo donde el SIDA está muy extendido. Para muchos, el sexo con monjas se piensa que es seguro; algunos incluso se imaginan que podría tener efectos positivos o poderes curativos.

Pero quizás, lo peor de los abusos cometidos con las mujeres religiosas en África ha sido, como en el caso de los abusos a menores en otras partes del mundo, la conspiración del silencio en torno a esta cuestión. El encubrimiento de la violación de menores y el abuso sexual de religiosas, proviene de la consideración que tiene la jerarquía católica sobre la violación y el abuso como un pecado, en lugar de cómo un crimen. De ahí la insistencia en el perdón, el arrepentimiento y la terapia de los pecadores, en lugar de la investigación, persecución y expulsión de los delincuentes. En el fondo tratan de mantener la reputación de la jerarquía eclesiástica por encima del deber para con su iglesia, utilizando la autoridad que una religión secular les proporciona para ocultar sus más oscuros y terribles secretos.

Pese a que el Vaticano siempre ha tenido conocimiento de todos estos pecados y delitos, su respuesta ha sido el ocultamiento de los hechos y la exaltación de la castidad. En 2005, cuando Benedicto XVI viajó a África se refirió a la cuestión del celibato de manera explícita. Instó a los obispos allí para abrirse plenamente a servir a los demás como lo hizo Cristo, abrazando el don del celibato. Sin embargo ya hemos contado en otra ocasión (“Pedofilia o barbarie”), que hasta que en 1073 Gregorio VII impuso el celibato, en esos diez siglos de vida cristiana, además de San Pedro otros seis papas vivieron en matrimonio y hasta once papas fueron hijos de otros papas o miembros de la iglesia. Por tanto, ¿porqué fundamentar el funcionamiento de la estructura eclesiástica en el celibato y la castidad? ¿Debe una persona ser casta para ejercer el cargo de sacerdote? ¿Se puede condenar a un, o a una joven adolescente a no conocer jamás el desarrollo normal de su cuerpo, a no tener contactos emocionales o sexuales sin temor?

Sean cuales sean las respuestas, lo cierto es que la sexualidad de sacerdotes, obispos y cardenales no remite con los votos de castidad, y está expuesta, como señalaba el obispo de Chiapas al medio ambiente erotizado que hace muy difícil sustraerse a las tentaciones del abuso y la violencia sexual. Si de verdad quieren acabar con los abusos en el seno de la iglesia católica y convivir en un plano de igualdad, dignidad y respeto, no lo duden, pronuncien bien alto este lema: ¿Castidad? No, gracias.

PECADOS Y DELITOS

Este artículo se publicó en Rioja2.com el dieciséis de diciembre de 2009. Mi intención ha sido desenmascarar la peligrosa confusión a que somete la iglesia católica a sus feligreses al mixtificar pecado y delito.

Según nos enseñaron en religión (los que recibimos educación entre religiosos), los pecados son “delitos morales” significados por la trasgresión voluntaria de normas o preceptos religiosos. Y como las normas y preceptos son innumerables (para su conocimiento y discernimiento están los especialistas formados por la Iglesia), también son un sin número los pecados, a los cuales se les otorga de forma gradiente una mayor o menor penitencia o castigo, tras el “ego te absolvo” del especialista. Por su parte (y no recibí formación en derecho), los delitos son conductas o comportamientos punibles; es decir, que la sociedad decide castigarlos por ir contra el Derecho y las leyes que sostienen la convivencia.

Pues bien, en plena ceremonia de la confusión, los pecados o delitos morales podrían llegar a convertirse en delitos civiles o penales, por obra y arte de los mensajes transmitidos por el Secretario general de la fundamentalista Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en las que avisaba a los políticos católicos de que si apoyan la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo “están objetivamente en pecado público” y no podrán “ser admitidos en la sagrada Comunión”. Esto como poco, porque los que practiquen o ayuden en la interrupción del embarazo están cometiendo un asesinato. O sea, una conducta tipificada en el código penal, aunque ahora se intente despenalizar a mujeres y ginecólogos autores de tales actos contra la vida.

No hace poco, a finales de noviembre, se publicó el  informe encargado por el Gobierno de Irlanda que analizaba las violaciones de menores perpetradas por sacerdotes en la archidiócesis de Dublín entre 1975 y 2004, los cuales abusaron de sus pupilos mientras los responsables de la Iglesia trasladaban a los religiosos involucrados a otras congregaciones en lugar de alertar a la policía y denunciar los casos de abuso para evitar escándalos. Los resultados coinciden con los de un dossier aún más detallado presentado en mayo según el cual, entre la década de los treinta y la de los noventa del siglo pasado, miles de niños que vivían en internados y estudiaban en escuelas católicas de la isla recibieron palizas, fueron violados y humillados por sacerdotes, monjas y monjes. La investigación aportaba evidencias de que el abuso de menores era una práctica generalizada.

Es probable que sea precisamente el rol prominente de la Iglesia en la vida irlandesa lo que permitió que los abusos cometidos por una minoría de sus miembros fueran tolerados”, dice un fragmento del informe. El mismo argumento puede aplicarse a otros casos de abusos generalizados registrados, sobre todo en Australia, Austria, Canadá, Francia, Polonia y Estados Unidos, donde la Iglesia católica ha sido acusada de encubrir sistemáticamente los abusos y delitos cometidos por sus miembros.

En la cúpula española, el que fuera cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España, ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal y hoy cardenal Prefecto de la Congregación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Antonio Cañizares, consideró en su momento que “no es comparable” el caso de los abusos a menores en escuelas católicas irlandesas con el aborto, porque el primero afecta a “unos cuantos colegios” y el segundo supone que “más de 40 millones de seres humanos se han destruido legalmente” (las estadísticas no son su fuerte precisamente).

A su juicio, la culpa de que esos hechos ocurran “la tenemos todos” y es un crimen mayor interrumpir un embarazo que violar y torturar menores de edad sistemáticamente durante décadas, silenciarlo, y criminalizar socialmente  a las víctimas que se atrevían a contar algo para que su testimonio no fuese tenido en cuenta. Por que es cierto que hay gradientes en los pecados como existen gradientes en los delitos, y si un especialista en pecados considera mayor uno que otro en la jerarquía del pecado, ninguna autoridad civil puede desautorizarlo, ni decidir el tipo de castigo moral, o al modo que señalaba San Mateo para quienes abusaran de los niños: “Más le valdría que se le atase al cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar al que escandalizase a uno de estos pequeños”.

Pero para torpeza de abusadores, pedófilos y violadores de niños están los delitos contra el Derecho, su conducta está tipificada y conlleva castigos penales más allá de la condena moral de la Iglesia. Y para salvaguarda de las mujeres y a quienes les apoyaron en su decisión de interrumpir el embarazo, están las leyes que administra la Justicia con independencia del carácter moral que supone para la Iglesia y su tipificación del pecado. Amén