VIGILAR Y CASTIGAR MENORES

Hace pocos días tuvo lugar una pequeña manifestación en el pueblo de Seseña (Toledo), en protesta por la muerte de la adolescente de trece años Cristina Martín a manos de otro adolescente de su edad, y en la que se quejaban de la supuesta impunidad que tienen los delitos cometidos por menores.

Fue una manifestación de protesta que ya se ha repetido puntualmente en casos parecidos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, y siempre enarbolando la petición de modificar la ley del menor con el objetivo de que se rebaje la edad penal de los menores y adolescentes, o bien que cumplan condenas de cárcel una vez adquieran la mayoría de edad a los dieciocho años. Incluso hay quienes han solicitado la aplicación de la ley de medidas de reforma para el cumplimiento integro y efectivo de las penas, para que los delitos de los menores sean considerados a la misma altura que los terroristas o el crimen organizado. Y en la línea del ingenioso y sarcástico Federico Trillo, los hay que demandan la cadena perpetua condicionada, todo un homenaje al disparate nacional arropado por la imaginación de un legislador inquisidor.

A pesar de que la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, desde que se publicara en enero de 2000 ha sufrido hasta cinco modificaciones, casi a una por cada ocasión de alarma social (más bien alarma mediática y partidaria), la petición de endurecimiento de las penas se ha mantenido constante frente a la demanda de medidas de carácter preventivo o protector. Tal parece que los menores y adolescentes del siglo XXI se han convertido en una amenaza para el orden social de los adultos, como ya ocurriera en los siglos más oscuros de la historia social en los que la consideración acerca de los niños como seres angelicales e inocentes se transformó en la apreciación de ángeles oscuros o demonios, capaces de las mayores crueldades. Sobre esta base de que los niños no son tan inocentes  se encuentra la justificación de los doce años como edad suficiente para considerar sus acciones, como iguales a las de un adulto al que castigar por sus faltas y delitos con penas de cárcel y encierro en recintos adecuados.

Lo curioso y desalentador de esta forma de entender leyes y normas punitivas, virtud de una mentalidad de siglos anteriores, es que se pretendan aplicar sobre niños del siglo XXI. Una realidad de adultos aplicada a una realidad de niños y adolescentes, en la que mientras unos juegan con el espacio físico, la economía y el futuro de la tierra, los otros juegan a la Play, el móvil o Internet. Realidades enfrentadas y hasta contradictorias, pues mientras unos se sienten creadores, otros proyectan su creación; unos son adultos conscientes y definidos y otros son menores con imaginación y sin identidad o, en todo caso, con una identidad en construcción donde los modelos ya no son sólo los adultos (padres, familia, escuela, religión), sino los que imaginan que son como adultos, sus colegas de Tuenti o de cualquier otra red social.

Curiosamente las dos niñas implicadas en el caso de Seseña chateaban en Tuenti pese a que eran menores de catorce años; es decir, se habían inventado y construido una identidad falsa con la que se integraron en la red. En la red, las niñas, niños y adolescentes reinventan su identidad de forma gratuita sin el concurso de los adultos, que sólo consiguen hacerse visibles y ocupar un lugar en el mundo mediante la compra del mismo. Tanto en la red Tuenti como en Facebook, se han creado grupos que propugnan justicia en sus muros, destacando con textos, fotos y videos el carácter angelical de la víctima y el carácter demoniaco de la agresora, azuzándose los miembros de dichos grupos en petición de venganza con toda clase de historias, improperios y solidaridad con las familias de las víctimas. Incluso cobra fuerza en estos grupos la sospecha de que fue la invitación de amistad en la red a un chico, lo que pudo originar la disputa entre estas niñas que trágicamente acabó con la muerte de una de ellas.

Mas dejando de lado la configuración, construcción y modelación del niño que, desde luego, no ha sido uniforme ni continua a lo largo de la historia, nos encontramos con la existencia de establecimientos donde se encierra a los niños, niñas y adolescentes con un afán punitivo que repugna a la conciencia de los adultos sensibles a los derechos fundamentales de los mismos. Los centros de reforma, de protección de menores y de acogida a menores inmigrantes no acompañados, se han convertido poco a poco en establecimientos carcelarios de los que, incluso el Defensor del Pueblo, llegó a denunciar cuanto habían expuesto públicamente en numerosas ocasiones las asociaciones, ONGs y organizaciones de apoyo a la infancia y la juventud, a propósito de las innumerables irregularidades (producidas principalmente en establecimientos con gestión privada), como la excesiva rigurosidad en los métodos de contención, incluyendo el uso de violencia física; el uso abusivo e indiscriminado de medicación, la intimidación psicológica, el aislamiento en celdas, etc.

Pese a que el debate social ha mostrado su oposición a que estos establecimientos se encuentren gestionados por entidades privadas, en el huerto riojano se riega contracorriente y la consejera para la privatización de los servicios sociales acomete sin apenas despeinarse la tarea encomendada. Resulta cuando menos irónico que fuera la diputada del PSOE Inmaculada Ortega, actualmente expulsada del hemiciclo por su carácter desafiante al PP (más o menos como si expulsaran de La Rioja a unos cuantos miles de riojanos por defender puntos de vista contrarios), quien el pasado mes de marzo presentara una proposición no de ley sobre la privatización de la Residencia Iregua y recibiera como respuesta, que el propósito de las críticas a las entidades privadas Diagrama y O´Belen interesadas en su gestión están orquestadas por los sindicatos.

Vamos, que la falta de eficiencia de la gestión privada que puede llevar a gastos superiores al millón de euros al año, que el despido de trabajadores en activo con formación y experiencia suficiente, y que la pérdida de los objetivos de protección a menores aplicando criterios educativos de reinserción, no son mas que insidias sindicales; por que lo relevante es la política de externalización de los servicios públicos mediante su privatización. El dinero debe fluir del conjunto de todos los bolsillos riojanos a la caja fuerte de unos pocos empresarios y, para conseguir apoyos, nada mejor que excitar los instintos de venganza y castigo. Parafraseando el libro de Michel Foucault, se trata de vigilar y castigar menores.

Anuncios

EL BURKA Y LA IDENTIDAD PERDIDA

Este artículo se publicó en Rioja2.com el diez de febrero de 2010. Sobre la Grandeur y monsieur Sarkozy y totalmente de acuerdo con Sami Naïr:

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Burka/elpepiint/20100227elpepiint_9/Tes

Hace unos días, el primer ministro francés, François Fillon, mostraba una serie de medidas patrióticas con el fin de reforzar la identidad gala. Una identidad perdida, según el gobierno francés, ante la llegada de extranjeros que no han hecho suyos los símbolos y valores de la República, y que la atacan y socavan con sus manifestaciones antipatriotas, como se considera a las pitadas y silbadas de la Marsellesa cada vez que la selección nacional de fútbol juega contra un equipo magrebí, pese a que entre sus filas cuente o haya contado con jugadores de la talla de Zidane, verdadero icono de la juventud francesa de origen argelino.

Hace unos meses, el presidente Sarkozy estimuló un debate acerca de prohibir el uso de la vestimenta femenina, como el burka o el niqab, que es una prenda que sólo deja descubiertos los ojos, entre las integrantes de corrientes religiosas islamistas fundamentalistas, al advertir que el burka “no es bienvenido en Francia”. Sarkozy aprovechaba una decisión antecedente del Ministerio de Inmigración  e Identidad Nacional, de denegar la nacionalidad a un hombre que obligaba a su mujer francesa a vestir el burka. Ya en 2008, también se había denegado la nacionalidad francesa a una mujer marroquí, de la corriente salafista, que vestía con el velo integral.

Los parlamentarios de la mayoritaria UMP, consideraron que este tipo de manifestaciones públicas (vestidos y silbidos), deberían ser prohibidos en el espacio público, pues van contra  las señas de identidad francesa. Pero si bien la vestimenta es fácil de reglamentar su uso, más difícil lo tienen contra la voluntad libre de expresarse mediante silbidos, pitos y cuchufletas. De ahí que mediante el ardid del ministro de Inmigración e Identidad Nacional, al crear una página web para que los franceses se expresaran acerca de lo que entendían por identitario, y tras diferentes sondeos de opinión pública en los que más de la mitad de los encuestados se manifestaron en contra del uso del burka, el gobierno se sintiera respaldado para sacar una lista provisional de medidas en defensa de la identidad nacional.

Son medidas provisionales, pero que denotan el verdadero objetivo que enmascaran, que no es otro que la lucha contra el establecimiento de una sociedad multicultural y la imposición de una cultura homogénea, bajo el paraguas de la República. ¿O es que no resulta ridículo que una identidad tan poderosa como la francesa, que ha sometido bajo su bandera, su himno –la Marsellesa- y los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, a numerosos pueblos y naciones, pueda sentirse ahora amenazada por algo menos de dos mil mujeres musulmanas que utilizaban como vestimenta el burka?

Como en los aeropuertos, podría restringirse el uso de ciertas prendas si estas atentan contra la seguridad, o bien si se trata de prevenir la violencia o la delincuencia; pero nunca como un medio de limitar la libertad de las personas con el justificante de que van contra los valores culturales de la identidad. Por que los valores culturales son subjetivos y pertenecen a los ciudadanos y a los grupos de ciudadanos que los comparten, pero nunca al Estado, ni a su supuesta y falsa identidad colectiva. Ni siquiera es atribuible esta restricción a la supuesta defensa de las mujeres, pues para muchas mujeres musulmanas la vestimenta que las cubre parcial o totalmente es un signo de identidad y no un signo de sumisión. ¿Qué restricción podría imponerse a las mujeres que muestran y no cubren su cuerpo, parcial o totalmente? ¿Habría que obligarlas a cubrirse para no demostrar sumisión a los intereses libidinosos de los hombres? Resulta ridículo, casi tan ridículo como cuando se impuso la moda entre los adolescentes de mostrar su ropa interior, un modo más de construir su identidad, y algunos centros escolares impusieron sanciones por esta forma de vestir. Al final se impuso la voluntad individual de los jóvenes, y las normas acerca de lo que se entendía por corrección en el vestir se guardaron en el cajón demodé.

La identidad no puede forjarse restringiendo las libertades individuales, o los referentes que la soportan si estos son múltiples y variables. En suma, no se deben enfrentar las personas y las comunidades a las que se adscriben, por muy profundas que sean las diferencias étnicas, religiosas, de lengua, vestido o alimentación, etc. Hay que construir esa identidad mediante políticas inclusivas, que reconozcan a todos los mismos derechos, entre otros el de vivir y relacionarse en una sociedad que asuma los cambios culturales y la pluralidad de sus manifestaciones. Lo demás es practicar la búsqueda del santo grial, perdón, la búsqueda de la identidad perdida.

IDENTIDAD CIVICA, RACISMO Y DISCURSO ELECTORAL

Este artículo se publicó en Rioja2.com el veinte de enero de 2010. Entonces aparecieron dos ayuntamientos reclamando no empadronar a inmigrantes irregulares. Eso era un aperitivo por que sus verdaderas aspiraciones estaban próximas a las del Ku-Kus-Klan

No me considero parte de un colectivo que practica el buenismo. Soy más bien un malo con conciencia ciudadana o con identidad cívica, aunque el término puede que sea contradictorio. Por que los malos son siempre los cobardes y criminales con poder para someter a los ciudadanos, a los que consideran débiles piezas de un entramado socioeconómico que hay que disciplinar.

El caso es que no soy practicante del buenismo como me definen algunos amontillados y agrestes amigos, simplemente señalo con convicción que la discriminación y el racismo son hijos del miedo y la ignorancia. Miedo al otro, al diferente, al extranjero; e ignorancia y alienación por una representación de la inmigración plagada de estereotipos negativos, paternalistas y discriminatorios.

Se aduce que la identidad catalana, riojana, española o europea, se ha construido desde un pasado mítico que conjuga la democracia, el cristianismo, el mercado y el respeto a los derechos humanos; mientras que los otros, a los que se describe como enemigos de la democracia (terroristas), moros o judíos (principalmente musulmanes), pobres y practicantes de toda clase de infamias como poligamia, ablación, lapidaciones, etc., disponen de una identidad desconocida y por ello temida. Desde una perspectiva sociocultural, la identidad del otro se presenta como la un enemigo económico, político, social y cultural al que batir.

Es de este modo como el racismo cumple la función de categorizar, colocar y discriminar a ciertos grupos religiosos, étnicos o sociales; construyendo al mismo tiempo, un discurso que justifica, sostiene y legitima ciertas prácticas orientadas a segregarlos y excluirlos. A lo largo de la historia, los movimientos migratorios y las minorías étnicas han sido siempre objeto de estereotipos criminales, así como fuente de problemas de higiene, salud, contagio y contaminación cultural.

La propuesta de vergonzantes gobiernos municipales de no empadronar a los inmigrantes “sin visado” y clandestinizar a los inmigrantes irregulares, puede tener cierto éxito electoral en un contexto de crisis económica; pero aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. Al impedir el empadronamiento, no sólo se impide el acceso a los bienes y servicios públicos que los ciudadanos disponemos para el consumo de todos aquellos que los necesiten, sino que también se dinamita el puente que permite, que los que se encuentran en situación irregular, puedan acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva.

Uno de los discursos que mas daño esta haciendo a los inmigrantes, perjudicando su integración social y su relación armoniosa con la sociedad de acogida española, es el discurso de que los inmigrantes están sobreprotegidos y hacen un uso masivo e intensivo de los servicios públicos (son los que se quedan con las viviendas protegidas; como tienen muy mala salud colapsan centros y hospitales, y como además tienen muchos niños están ocupando las aulas de nuestros hijos).

Es un discurso que provoca peligrosamente el desarrollo del prejuicio xenófobo que acaba convirtiéndose en pura gasolina que utilizan en sus incendios los grupos racistas, pero que a efectos electorales vuelca el malestar de los ciudadanos pusilánimes, no contra los políticos como sucede actualmente, sino contra los débiles y oprimidos, contra los extranjeros e inmigrantes excluidos.

Ya  decía al principio que no pertenezco al colectivo que destaca por su buenismo, por que creo en el hombre, es cierto, pero no creo en la clase política. Como señalaba Mark Twain: “No conozco ningún grupo que sea criminal por naturaleza, con la posible excepción de la clase política”.

LA COEDUCACIÓN

Este artículo se publicó en Rioja2.com el veintiséis de noviembre de 2009. Recuerdo que entonces estaba hablando con mis alumnos jóvenes y adultos sobre las relaciones de género y que pocos sabían nada acerca de la coeducación, lo cual me animó a establecer las bases de un debate con este texto.

Un juez de la Audiencia de Cantabria absolvió la pasada semana a un joven de catorce de años de un delito de violencia de género hacia su novia al considerar que era un enamoramiento propio de adolescentes, sin proyecto de futuro, y que por tanto no era equiparable a la relación de pareja que exige el Código Penal. Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, señalaba esta semana que la violencia de género no es una cuestión de edad, corroborándolo a través de datos como el hecho de que sean más del 32% las órdenes de protección que provienen de mujeres menores de treinta años, en casos de violencia de género, o que el 17,7% de los hombres menores de esa edad piensa que ser agresivo les hace más atractivos, una opinión compartida también por un 4% de las mujeres.

Si todos estos jóvenes han nacido en democracia y se han beneficiado de las conquistas sociales de sus padres en materia de igualdad, qué ocurre o qué ha ocurrido para que persistan las actitudes y comportamientos propios del más rancio machismo de los tiempos de la dictadura. A mi modo de ver falta formación, socialización en los valores propios de la coeducación.

Pero para que el modelo educativo igualitario, para que la coeducación tenga impronta entre los jóvenes, no es suficiente que alguien se encargue de impartir clases de igualdad, ni tampoco que se implante una asignatura sobre igualdad en un curso concreto, sino que es necesario que los valores de la igualdad impregnen los programas educativos de cada centro durante toda la vida escolar, de modo que la formación del alumnado tenga siempre un horizonte igualitario. Y también es necesario que en el seno de los hogares se negocie la participación corresponsable en todas las actividades desarrolladas en su interior sin distinción de sexo o edad, pues es en el interior de los hogares donde mejor se puede llevar a cabo esta formación, esta socialización en la igualdad.

Recientemente se preguntó a más de doscientos jóvenes universitarios de entre 18 y 29 años por su participación en las tareas domésticas, y especialmente en la limpieza de los cuartos de aseo y baño, y más de la mitad (hombres y mujeres) no habían llegado a ningún acuerdo de corresponsabilización en dichas tareas, principalmente entre los más jóvenes. Tan sólo entre aquellos que habían iniciado una relación de pareja habían negociado su participación en el desarrollo de estas tareas, sin adscribirlas a un determinado sexo, como sí ocurría entre los más jóvenes, que declaraban no haber realizado otras que las asumidas por mandato. Pero aún hay más, cuando se les inquiere por su educación sentimental y afectivo sexual, pocos, muy pocos la han recibido en sus hogares y ninguno en el sistema educativo, si obviamos las charlas de una hora o los folletos que se dieron en algunos centros.

Hay un gran desconocimiento del valor de la coeducación y sobre todo no hay una praxis de la misma, dejando todo, como la economía, al socaire del mercado que sigue promoviendo el sexismo para la venta de sus productos. Y al socaire de los fundamentalistas de aquellas organizaciones religiosas contrarias a la igualdad, que imparten doctrina, no desde los púlpitos, sino desde los estrados de las escuelas, imponiendo un modelo que hunde sus raíces en la discriminación en función del sexo. Por todo ello es bueno que haya materias cívicas, de moral y ética cívica, como cuando se desarrolle y extienda por todo el curriculum escolar la “Educación para la ciudadanía”, pero también que los principios y los valores de la coeducación impregnen todo el sistema educativo, extendiéndose finalmente a los hogares y las familias.

En cierta ocasión (Giró, 2005) señalaba que la coeducación acepta la diferencia de hombres y mujeres y parte de ellas, pero no las jerarquiza. Integra los aspectos valiosos de ambos géneros y fomenta el desarrollo de todas las personas. En este sentido, la coeducación se fundamenta en el desarrollo de las habilidades para la vida tanto en las chicas como en los chicos, de forma que se puedan compartir corresponsablemente los espacios públicos y privados. Que las chicas asuman los conocimientos que precisan para desenvolverse con éxito en la vida pública, como que los chicos adquieran aquellas habilidades que son imprescindibles para actuar de manera autónoma y solidaria en las distintas esferas de la vida privada. Porque la coeducación es educar a los chicos y chicas de modo que puedan establecer en su momento unas relaciones sin que se genere dependencia de ningún tipo, ni de cuidado personal, ni emocional, y promoviendo que desde la autonomía personal se pueda vivir una interdependencia sana y adulta.

ESPACIO PÚBLICO SIN CIUDADANOS

El 22 de octubre de 2009 publicaba en Rioja2.com este atículo a propósito de la intención de un concejal de cargarse el poco espacio público existente en el centro de Logroño  en beneficio de los coches.

Allá por la época del desarrollismo franquista, cuando un equipo de tecnólogos opusdeistas ocupó los resortes del poder, se creó la vana ilusión de que la posesión de un coche era un signo de prosperidad que otorgaba un estatus de prestigio a quien lo poseyera. Con la extensión de las clases medias y el aumento del consumo creció el parque móvil en España creándose ad hoc espacios para la circulación y depósito de los vehículos en las ciudades. En este empeño se ampliaron las avenidas, se talaron los árboles, se redujeron las aceras y se estrecharon los parques y plazas públicas hasta la jibarización del espacio público.

Y ya en la postmodernidad de la burocracia municipal, el ideario urbanizador persigue que los vehículos particulares puedan llegar hasta el mismo centro de las ciudades. Sin embargo, no hay que presumir de inteligencia para saber, que si quisiéramos llenar el casco antiguo de las ciudades de circulación y tráfico de coches, aun manteniendo su peatonalización, lo fundamental sería crear un gran parking; por ejemplo, en el subsuelo de la Plaza del Mercado de Logroño. De ese modo aseguraríamos la entrada de vehículos por la calle Mayor, Portales y Sagasta en dirección a dicho parking, ocasionando un tráfico rodado que expulsaría sin remedio al ciudadano.

Pues bien, hace unos días el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Logroño anunciaba que en el subsuelo del escaso espacio público de El Espolón (donde la rosaleda y las fuentes con ranitas) se iba a construir un nuevo aparcamiento para satisfacer intereses individuales y privados, augurando más circulación de vehículos, contaminación ambiental y deterioro (aún más si cabe) de las actividades sociales y de esparcimiento, culturales e incluso comerciales de los ciudadanos en dicho espacio.

Todo proviene de un contexto histórico en el que la superficie urbana fue totalmente dominada por el tráfico de vehículos. Es en ese momento cuando parecen descubrir que todavía hay un espacio público sin explotar: el subsuelo. De este modo, en la ciudad de Logroño, lo que había sido el entramado ferroviario entregado para uso de la ciudadanía logroñesa, se cedió graciosamente para la explotación privada de un parking. Otro tanto ocurrió con el recinto militar donde hoy se erige el Ayuntamiento, en cuyo subsuelo una empresa privada hace su negocio. Finalmente, pero no los únicos, el Espolón, espacio central de la vida social logroñesa, también fue entregado a beneficio de una empresa privada.

En la intervención de estos subsuelos públicos, cómo no, también se talaron hileras de árboles o se sustituyeron por chapaferros como el que se erige frente al palacete de Gobierno, recordando los dos magníficos cedros que lo ocupaban, restando y destruyendo espacio para la convivencia. Porque los espacios públicos tienen dimensiones, no sólo económicas, sino sociales, culturales y políticas, de contacto entre la gente, de relación e identificación, de organización y de actividad. Por esto, el diseño, uso y gestión de lo público no puede hacerse sin la participación de los ciudadanos, sin su concurso, sin la integración de cuantos grupos y colectivos convergen y se relacionan en esos espacios.

Lefebvre, Habermas, Arendt, Beck, Sennet, entre otros, han tratado el concepto de espacio público desde diferentes ópticas aplicadas a contextos diferentes, sin embargo en todos se aprecia lo público por su capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. El espacio público es un espacio de sociabilidad y en él confluyen identidades diversas animadas por el uso social colectivo y democrático del dominio público. Es, por tanto, una construcción social y no privativa de la administración burocrática o de los intereses privados. Menos movilidad sobre cuatro ruedas y más lugares al sol.