A VUELTAS CON LA NATALIDAD

Cada poco tiempo, cuando se publican estadísticas demográficas, asistimos a un sinnúmero de mensajes plagados de tópicos que apuntan a una supuesta crisis demográfica, mediante una imagen alarmista que aparece dibujada a través de una sociedad sin niños y en la que no se podrán sostener y pagar las pensiones, cuando lo cierto es que estamos asistiendo a una auténtica revolución reproductiva.

Si observamos el cambio en la estructura piramidal de la sociedad, vemos que los niños que nacen ahora en La Rioja no se mueren como antes (en 1975 eran diecisiete por cada mil nacidos vivos mientras que en 2022 han sido cuatro). Por su parte, la esperanza de vida al nacimiento es mucho más alta (al principio del siglo XX no llegaba a los 35 años, mientras que en 2022 alcanzó los 83 años). Al aumentar la esperanza de vida ya no es necesaria la natalidad de antaño. Cuando se han ganado años de calidad de vida, la población rejuvenece. la reproducción debe leerse no sólo como la fecundidad, sino también como los años vividos y en este sentido ha habido una revolución.

Hoy los padres se vuelcan en el cuidado de los hijos en todos los aspectos, y estos hijos se volcarán a la vez en el cuidado de los suyos, hasta que las generaciones apenas pierdan efectivos antes de llegar a la vejez, de modo que las altas fecundidades del pasado se vuelven innecesarias y la mujer se ve liberada de aquella “obligación” reproductora, añadiendo un valor altísimo a cada nueva vida traída al mundo.

Lo que sí nos sigue faltando en esta revolución reproductiva son políticas de conciliación, cambios en el sistema laboral que atiendan a la carrera profesional de las mujeres, al desempleo y la precariedad, a las desigualdades de género y, sobre todo, a políticas públicas que redistribuyan de forma más equitativa los costes asociados a la crianza de los hijos/as –sobre todo en los primeros años– entre las familias y la sociedad, y que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados de mujeres y hombres. Pero ese es otro cantar.

SEXO, MENTIRAS Y JUBILACIONES

Hoy día mantenemos una variopinta actividad sexual regida por los principios éticos de la libertad y la igualdad y en unas condiciones de vida cercanas al bienestar. Desde muy jóvenes la atracción por el sexo es una constante sin la intervención del principio de la moral patriarcal que unía el deseo y el acto a la finalidad de la reproducción. La libertad da lugar a la diversidad de formas de relación sexual no impuesta lo cual permite otras formas de convivencia que no son escuetamente las del matrimonio, y aun éstas, admiten la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo, o el matrimonio sin hijos. No obstante esta libertad y el aumento de la tolerancia, los matrimonios siguen disminuyendo, se formalizan a edades cada vez más tardías y, en uno de cada cuatro, uno de los contrayentes es extranjero. Por otra parte, si los matrimonios descienden las rupturas siguen en aumento mientras el indicador coyuntural de fecundidad que mide el número de hijos por mujer fértil se mantiene muy por debajo de la tasa de reposición generacional. Las mujeres que acceden a la maternidad lo hacen a edades cada vez más avanzadas, teniendo en cuenta el dilatado período de formación y su tardía incorporación al mercado laboral, todo lo cual les impide adoptar decisiones de esa naturaleza antes de los treinta años. Las relaciones autoritarias de la familia patriarcal han dado lugar a unas relaciones familiares más plurales y solidarias, que se insertan en la red amplia de parentesco más allá del lugar de residencia. Son redes de relación y afectos que amortiguan entre sus integrantes las carencias de provisión pública.

Y entramos en el meollo de las mentiras sobre las que se ha construido el proceso de reformas, actualmente en la fase de revisión de la edad de jubilación. Expertos demógrafos y economistas, generosamente remunerados por entidades empresariales y financieras, sirven como plataforma teórica sobre la que se fundamenta el desmontaje del austero y poco desarrollado Estado del Bienestar español. Así, el principio de las mentiras asume que el actual sistema de pensiones será inviable en veinte años, teniendo en cuenta el índice de envejecimiento, el aumento de la esperanza de vida, el descenso de las tasas de natalidad y la estabilización de los flujos migratorios; es decir, teniendo en cuenta la fotografía demográfica actual y señalando estos indicadores como la causa que justifica el desmantelamiento del sistema de pensiones.

Cuando una mentira se repite muchas veces y desde supuestamente distintos expertos, termina por tomarse como una certidumbre y, sin embargo, desde que estudiaba demografía hasta hoy (y de eso hace muchos años), todas las proyecciones demográficas se han equivocado, y no porque los demógrafos no contarán con rigurosos y metódicos instrumentos de medida, sino porque se trataba de algo tan sujeto a variaciones como es el comportamiento humano, el comportamiento social. Entonces, ¿podemos tomar en serio un estudio, o a un experto, que señala la mayor conquista social, como es el aumento de la esperanza de vida, como un problema? ¿Podemos tomar en serio a quien identifica el aumento de años de vida libres de trabajo para dedicarlos al ocio, a la familia, a los amigos o a la comunidad, como un problema social? ¿Podemos creernos de verdad que vivir más años libres de enfermedad es un logro que hay que malograr, trabajando más hasta lograr enfermar? Yo creo que no, que todo ello es un conjunto de mentiras que cumplen el objetivo de no dejarnos pensar, de acallar a quienes exigimos que la jubilación sea discrecional, desde los 50 hasta los 70 años de acuerdo a las profesiones y a los deseos de los trabajadores, porque no puede ser lo mismo arrastrar un cuerpo exánime que disfrutar de un cuerpo sano; porque no es lo mismo ocupar el tiempo de ocio en negocio, ni el tiempo libre para nuestro propio enriquecimiento en tiempo ocupado para el enriquecimiento de otros.

Resulta cuando menos contradictorio que el sistema de pensiones más saneado y equilibrado de la Unión Europea, con un fondo de reserva (eso que llaman la hucha de los jubilados), superior a los 64.000 millones de euros, se mantenga a costa de congelar este año las pensiones. Y aún más contradictorio es que se nos quiera hacer creer que es para mantener el sistema de pensiones en el futuro, cuando según expertos y estudiosos hará crack el sistema. Pero, ¿qué es eso de hacer crack el sistema de pensiones? ¿Se trata de evitar que sea deficitario?, es decir, que las aportaciones de los trabajadores actuales a ese fondo solidario para con los jubilados sea inferior al gasto de los mismos. Pero, ¿acaso no hay instituciones estatales que viven en el déficit y no por ello hacen crack como vaticinan estos expertos en el engaño y la mentira? Citaré sólo por encima al Sistema Nacional de Salud y el Sistema Educativo Público, ambos deficitarios, y a los que ya les han hincado el diente privatizador, incluso esperando aumentar la tajada en cuanto puedan. Pero sobre lo que quiero incidir, es que nadie exige reformas en el sentido de que consigan superávit económico de más de dos mil millones de euros, como así ha ocurrido en 2010 con las cuentas de la Seguridad Social, y pese a la crisis.

Y qué me dicen de la institución llamada Ejército cuyo mantenimiento cuesta un millón de euros diarios al contribuyente español. ¿No habría que hacerle una reforma en profundidad para que no sea tan deficitario? Por ejemplo, eliminándolo de la vida pública española y dejándolo en el Museo, porque allí rentaría algo a los españoles. Y ¿qué me dicen de la institución eclesiástica?, ese monopolio de los valores, la verdad y la ética, que se siente por encima de la Constitución. En fin, no hablemos más de instituciones deficitarias  y dejen libre el camino para la jubilación voluntaria a partir de los 50 años, mejoren el sistema de pensiones haciéndolo más equitativo, aumentando las contribuciones a la Seguridad Social. Sobre todo piensen en el futuro de la sociedad española apoyando ese futuro mediante el aumento del porcentaje del PIB destinado a las familias (ayudas al nacimiento, mensualidades por hijo, permisos laborales, flexibilidad de horarios, actualización y universalización de las ayudas, etc.). No se dejen engañar por las mentiras repetidas y gocen del éxito de una jubilación con más años y salud, donde el sexo sigue siendo una fuente de bienestar.

TRABAJO DE CHINOS

Desde hace semanas vengo escuchando la misma cantinela en prensa, radio y televisión sobre el fracaso de la huelga general el 29 de septiembre, sobre el ambiente de desidia y desgana, de apatía y hasta decididamente contrario a la acción sindical. Los medios dicen reflejar lo que observan en la calle, pero lo cierto es que repiten consignas que les llegan desde los centros de poder político, financiero y empresarial, a la postre de sus dueños, amos y señores, que sin acuerdo previo han encontrado en la existencia de los sindicatos el chivo expiatorio a todos los males que aparentemente agobian a este país y sus ciudadanos.

Si escuchamos a los partidos políticos (exceptuando los partidos a la izquierda del gobierno), unos hablan de reforma laboral necesaria y otros añaden que insuficiente, y en todos anida la desregularización del trabajo. Más claros y expeditivos son los grupos financieros y las organizaciones empresariales, cuando señalan la rigidez del mercado laboral como el principal obstáculo para el crecimiento económico de sus rentas y cuentas de resultados y, por extensión, del conjunto del país.

Y esa rigidez la observan en la existencia de convenios sectoriales y colectivos, de acuerdo sindicales, de exigencias de los trabajadores, de cotizaciones a la Seguridad Social y, en definitiva, de todos los aspectos en los que se ven obligados a aceptar unas reglas del juego laboral, una regularización del empleo. Porque no les basta con que se les facilite el despido de trabajadores con empleo fijo a base de indemnizaciones que se amortizarán en muy poco tiempo con su sustitución por trabajadores más baratos, precisamente con la llegada de los que ahora se sostienen en la cuerda floja del empleo precario; y no les basta a pesar de haber situado a España en los puestos principales de este ranking estadístico de desempleo y precariedad, porque su verdadero y oscuro objeto del deseo es acabar con la intermediación en las relaciones laborales: ni gobierno (ni siquiera un jíbaro-gobierno), ni sindicatos.

Todo les iría mejor si las relaciones laborales se establecieran de manera directa y sin intermediaciones de ningún tipo, sin convenios colectivos, ni representantes de esos colectivos que vigilaran por sus derechos, que denunciaran los atropellos e impulsaran los beneficios sociales y la protección social. Qué bien les vendría la prohibición de la acción sindical o, para cumplir con la Constitución, la existencia de sindicatos amarillos controlados y sojuzgados, que abortaran la protesta de los trabajadores contra los abusos empresariales y les hicieran comulgar con recortes salariales que enjugaran el déficit estatal que habrían provocado con sus artes en ingeniería financiera. O que les convencieran para que aceptaran la prolongación de la vida laboral más allá de los sesenta y cinco años con la promesa de una pensión de subsistencia (a veces ni eso), salvo que contrataran un seguro privado o un plan de pensiones en cualquiera de las entidades financieras propietarias de estos sindicatos amarillos.

A los que pertenecen a las clases sociales con rentas más altas de este país, qué bien le vendría acabar con los derechos laborales y sociales por los que lucharon generaciones de trabajadores en un movimiento sindical sin precedentes en la historia europea. Podríamos acabar como en China, cuyas tasas de crecimiento son de vértigo y donde los derechos de los trabajadores son un eufemismo. Por eso, para España también desean y se esfuerzan por un trabajo de chinos, pero sin chinos.

MOVILIZACIÓN

Creo que a nadie se le escapa que la crisis económica en la que estamos sumidos los españoles y buena parte del planeta tiene su origen en las malas prácticas del capitalismo financiero y especulador, que aprovechó la falta de principios éticos para crear burbujas de aire y venderlas como riqueza; en la entronización de los valores propios del depredador (de hombres y naturaleza); en la ideología neoliberal que desde los tiempos de Margaret Thatcher preconizaba la reducción del Estado hasta su práctica desaparición (aunque manteniendo los elementos de control interno como la policía y el ejército) y, finalmente, en el sometimiento de los gobiernos a las directrices que enviaban los grandes organismos económicos mundiales, como la ya manida reducción del déficit público hasta el 3% del PIB mediante el rigor presupuestario.

Y nadie desconoce que las medidas que han tomado los gobiernos se han fijado en primer lugar en la masa cautiva de asalariados y pensionistas dependientes de esos presupuestos; es decir, la reducción del déficit ha comenzado por el recorte de los salarios y pensiones de funcionarios y pensionistas, antes que por la exigencia de responsabilidades a quienes promovieron este déficit. Otros recortes seguirán a este primer paquete pero sobre todo se envía el mensaje a la sociedad de que todos debemos pagar los excesos de unos pocos (esto lo arreglamos entre todos).

Hay una vaga promesa de, en el futuro, meter mano o regular un poquito a las grandes corporaciones financieras, armamentísticas o farmacéuticas, pero sin pasarse, pues cuentan con aliados globales y controlan los mercados de valores; así que ¡ojo!, que ellos siempre apuestan por caballo ganador aunque muera reventado tras la carrera.

En estas estamos cuando acabo de recibir dos comunicados, uno del gerente donde me avisa que mi salario base mileurista se reduce desde este mes un 9,72%, y  los complementos e incentivos de productividad que hace años nos presentaron como el medio para recuperar algo de nuestro maltrecho poder adquisitivo tras la congelación de salarios de los populares señores Aznar y Rato, hasta un 5%. El otro comunicado recibido, más bien los otros comunicados, son los de las centrales sindicales que me instan, no a la movilización, sino a participar en una huelga de 24 horas el ocho de junio.

He leído que con el recorte salarial a los trabajadores de la Universidad de La Rioja el déficit de la misma descenderá en aproximadamente 1.600.000 euros, a los que habría que sumar la aportación extraordinaria de las 24 horas de esta huelga convencional. Y esto me hace pensar que si declaramos huelga, no un solo día sino una semana (o lo que estime oportuno el gerente), por ejemplo aprovechando las fiestas locales de San Bernabé y el día de La Rioja en que no hay clases, podríamos finiquitar la deuda casi en su totalidad.

Porque se trata de eso, de ayudar al país, cada uno en la medida de sus posibilidades ¿no es así? Por ejemplo, los componentes del Gobierno de La Rioja se van a recortar sus salarios un 10% y van a tener que malvivir con apenas siete u ocho mil euros mensuales (menos mal que los gastos de protocolo no se los rebajan), y además dice el Presidente que los asesores colocados a dedo con cargo al erario público no son el centenar que dice el jefe de la oposición (algunos se han colocado por méritos propios y por eso no se cuentan). Aquí unos pocos arrimamos el hombro para enjugar el déficit, cada uno con sus medios; unos mediante la huelga convencional de 24 horas y otros mediante gestos simbólicos y cara a la galería, y siempre para al sostenimiento del status quo, para el sostenimiento de un sistema que no va a cambiar su modo de obrar.

Pero claro, si los millones de parados despiertan, si los millones de extranjeros se rebelan contra su exclusión y si la ciudadanía da un paso adelante se podría realizar, no una huelga de 24 horas sino una huelga general contra esta política y estos políticos, contra este sistema y las corporaciones que lo alimentan, contra la corrupción y a favor de la democracia. Y entonces, y sólo entonces, hablaríamos de movilización de todos, entre todos y para todos.

OTRA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ES POSIBLE

A pesar que nadie se cree que la situación del déficit de las cuentas públicas tiene su origen en el desarrollo del Estado del Bienestar, es decir, en la consolidación de los derechos de educación, salud, pensiones y autonomía personal, todo parece indicar que el ajuste presupuestario impuesto por los grandes organismos económicos mundiales camina en el sentido de restar y adelgazar la expansión y el desarrollo de esos derechos.

España tiene que reducir su déficit público al 3% del PIB antes de 2013. Eso va a obligar al Gobierno a recortar 15.000 millones en gastos en dos años. La solución vendría de una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, de modo que la brecha abierta y cada día más grande entre la ciudadanía y unos pocos, la terrible desigualdad existente entre los más ricos y la generalidad, se amortiguara levemente. Sin embargo, hay una justificación para no poner en marcha o dilatar esta reforma fiscal que acabe con tanta injusticia económica, y es que los efectos sobre la deuda pública no tendrían efecto hasta 2012 mientras que las exigencias del mercado señalan reducciones drásticas desde ahora mismo.

Sabemos que el origen de la deuda pública ha sido generada por la estafa y el saqueo de las arcas públicas cometido por las grandes corporaciones financieras, farmacéuticas y armamentísticas y, sin embargo, las medidas que ha tomado el gobierno parecen ir en la dirección contraria al ajuste de cuentas con estos delincuentes, reduciendo los servicios y precarizando la vida de la ciudadanía, principalmente jubilados y funcionarios. La medida de ajuste más impactante, dado el incumplimiento del Pacto de Toledo, ha sido la congelación de las pensiones en 2011, sin menoscabo de la reducción de un 5% en el salario que perciben los empleados públicos o el recorte de la inversión pública.

Como no creo que estas medidas de ajuste sean las únicas que se pueden tomar en este momento, he ido buscando y encontrando algunas de aplicación más sencilla y con más garantía social. Son medidas que promueven profesores de Economía (Público.es de 16 de mayo) que han reflexionado sobre cómo realizar la reducción del déficit sin afectar a la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de los derechos sociales. Piensan que todos los recortes del gasto público son en realidad recortes al PIB y un modo de prolongar la recesión, por lo que se debería destinar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob),  dotado en 2009 con 6.750 millones para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria, y destinarlo a inversión pública. Tan sólo algunas cajas han demandado algo de este Fondo, pero los grandes bancos como el Santander (2.215 millones de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 5,7% más que el año pasado) o el BBVA (1.240 millones de euros de beneficio en el primer trimestre de 2010, un 0,2% más que el año pasado), no parecen necesitar de este Fondo que hay que dotar con nuevas emisiones de deuda pública hasta llegar a los 90.000 millones previstos. La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas (privatización de los beneficios) y sus pérdidas socializadas/estatalizadas.

Otra corporación dedicada a saquear el arca pública, la armamentística, basada en el mantenimiento de la guerra como negocio mediante la ocupación de países, puede ahora contribuir a reducir el déficit a partir de la retirada de las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones), así como recortando los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este mismo año. Hay quien sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para veinticuatro helicópteros de combate Tigre.

El recorte a la poderosa corporación farmacéutica (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis, ha sido bien visto por todos, aunque después del bluff de la compra masiva de vacunas para la gripe A y la disposición de esta corporación a propagar a través de la OMS el temor a la enfermedad global, le permite afrontar con tranquilidad estas medidas contractuales y en el futuro encontrar otros medios para utilizar los medicamentos como productos generadores de inmensos beneficios. Otro recorte que ha sido bien recibido, salvo por la demagogia popular, ha sido la supresión del cheque-bebé, que asignaba injustamente la misma ayuda a cualquier nivel de renta, aunque habrá que buscar incentivos a la natalidad que tengan en cuenta las desigualdades.

Otras medidas de ajuste podrían realizarse de inmediato como la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones. Quizás entonces el señor Fabra y su mujer no habrían tenido tanta suerte y tantos premios en tan poco tiempo (en 2008 ganó dos millones de euros con el premio Gordo de la Lotería del Niño). Por supuesto, la supresión de cargos de libre designación y asesores que los políticos designan a dedo para colocación de amigos, familiares y políticos en situación de paro (hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 sin impacto laboral). El cálculo dice que si el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes, la supresión supondría un ahorro de 1.120 millones al año, sin contar el ahorro en comidas, viajes y demás actos protocolarios.

Pero hay una manera de ahorrar más de 250 millones al año que no exige subir impuestos ni eliminar ningún servicio ni prestación, y es la supresión de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo. Incluso es posible que en estos momentos el Estado deje de ingresar casi mil millones de euros por desembolsos fiscales no realizados, dado el acuerdo del Estado español con el Vaticano porque el que se exime de tributar el IVA a la iglesia católica. No es de recibo que las creencias, religiosas o no, y las organizaciones a su servicio estén financiadas por el Estado, sino financiadas, exclusivamente y de forma voluntaria, por las personas que las sustentan.

Estas y las otras medidas señaladas nos hacen pensar que otra reducción del déficit de las cuentas públicas es posible, y que el mantenimiento de los derechos sociales y la inversión también son posibles.

SOBRE DERECHOS DE JUBILACION Y PENSIONES

Este artículo se publicó en Rioja2.com el dos de febrero de 2010. Por entonces soltaron el anzuelo cíclico de que la Seguridad social puede hacer crack en unos años y, como siempre, sacaron entre otras medidas la de prolongar el periodo de cotización y jubilarse más tarde.

Ahora que cierro un nuevo libro sobre Envejecimiento, donde hablo sobre las prejubilaciones y las jubilaciones en relación a la oportunidad única de acceder  a un futuro de desarrollo personal, libre de las obligaciones propias del trabajo asalariado, va el Gobierno y la OCDE y destapan de nuevo el tarro de las esencias del capitalismo liberal. Hace años,  en la década de los noventa, se oían las voces de aquellos analistas económicos del capitalismo ultraliberal, que apoyados en las proyecciones de los demógrafos, como si de matemáticas exactas se trataran, amenazaban con el fin del Estado del Bienestar y de la prestación de los seguros (principalmente salud y pensiones). Los Informes apocalípticos señalaban con inquietud la llegada de las generaciones de trabajadores más numerosas, las del baby-boom de EEUU y Europa, a su edad de jubilación.

Incluso tuvo un gran éxito editorial el periodista Frank Schirrmacher con su libro El complot de Matusalén (2004), donde advertía que la generación para la que se acuñó el término teenager no había cambiado el mundo con la guerra, sino con su mera existencia. No sólo habían ingerido alimentos, sino que habían modificado los bares, los restaurantes y los supermercados. No sólo habían llevado ropa, sino que habían cambiado la industria de la moda. No sólo habían comprado coches, sino que habían transformado la industria del automóvil. No sólo habían tenido citas, sino que habían alterado los roles y las prácticas sexuales. No sólo habían ido a trabajar, sino que habían revolucionado el lugar de trabajo. No sólo se habían casado después de miles de años, sino que habían transformado la naturaleza de las relaciones humanas y sus instituciones. No sólo habían pedido préstamos, sino que habían cambiado los mercados financieros. No sólo habían utilizado ordenadores, sino que habían modificado las tecnologías.

Los teenager de ayer se convirtieron en los babyboomer de hoy, y la sociedad se enfrentaba a una nueva amenaza. Este pánico a la llegada de los viejos, con el poder de su número y, en un periodo de crisis económica como la de los años noventa, puso todos los decibelios existentes de la OCDE en el altavoz de las pensiones y las jubilaciones. Se amenazó con prorrogar el periodo laboral hasta los setenta años, y como en un mercadillo comenzó la negociación para dejar a todos insatisfechos en un término medio de 67 a 68 años. Y también es cierto que, como ahora, se permitió el aumento de las prejubilaciones como medida económica que proporcionaba enormes ingresos a las grandes empresas, pues nunca sustituyó por población joven la población retirada anticipadamente del trabajo. Y es cierto que se aprovechó para despedir trabajadores y deslocalizar empresas con la misma excusa de la crisis internacional, favoreciendo el trabajo sumergido, principalmente de trabajadores inmigrantes sin regularizar.

Sin embargo, las proyecciones catastrofistas se abandonaron tras un nuevo periodo de crecimiento, que para España supuso la llegada y regularización de jóvenes trabajadores inmigrantes, responsables casi absolutos de los últimos cinco millones sumados al censo. Gracias a estos inmigrantes, se han recuperado relativamente los índices de fecundidad (los nacimientos de madre extranjera en 2006 ascendieron al 20% del total de nacimientos habidos en España), uno de los caballos de batalla de los demógrafos en sus registros de tasas de dependencia.

Pero claro, si se quiere que las españolas tengan más hijos, habrá que poner remedio a las causas por las que han dejado de tenerlos; por ejemplo, la posibilidad de conciliar vida  laboral y familiar, o la posibilidad de adquirir una cierta autonomía económica mediante un trabajo. Por que no olvidemos que la población activa, la población en edad de trabajar sobre la que recae el esfuerzo fiscal para el mantenimiento de la seguridad social, es una población activa devaluada, donde tan sólo participa el 51% de las mujeres. El 49% restante se queda en casa (ni trabaja ni busca trabajo). Posiblemente hace las labores propias de un Estado del Bienestar desarrollado (cuida de las personas dependientes, incluso del marido).

Y los hombres no les van a la zaga, pues aun sin descontar todos aquellos que se encuentran entre los cuatro millones de desempleados, tan sólo cuentan como población activa al 68% de los mismos. Es decir, un 32% viven de las rentas o malviven, pero desde luego no trabajan. En suma, tenemos que cinco de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres ni trabajan ni están en las cifras de desempleo; y sin embargo, nadie se pregunta por ellos, sino por los que quieren hacer uso de su derecho a descansar del trabajo asalariado a los sesenta y cinco años.

Y ahora mismo, a estos viejos que están transformando el mundo simplemente por ser muchos, porque han accedido a una esperanza de vida como nunca existió en la historia de la humanidad, se les quiere recortar sus pensiones o el cálculo de sus miserables pensiones (muy por debajo del gasto medio por hogar, y de la media de la UE). Y se quiere recortar los derechos a dejar de trabajar a los sesenta y cinco años (ahora mismo la jubilación real de los españoles es a los sesenta y tres años y diez meses, la más alta de la UE).

Qué nos deparará el futuro inmediato a los hijos del baby boom? No lo se. No se si triunfarán las tesis del capitalismo liberal y perderemos derechos, pero desde luego, cuando esta generación muera, habrá dado paso a una nueva cultura que dejará marcada para siempre a la sociedad del futuro. Y esto no es una predicción ni una proyección. Es una certidumbre.